La iniciativa generó fuertes críticas por las altas multas y las largas inmovilizaciones de vehículos previstas.
El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Transporte, decidió retirar el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba modificar el régimen de sanciones contra el transporte ilegal y que desató un intenso debate político y ciudadano en el país.
La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el retiro responde a la necesidad de realizar ajustes al articulado para que el texto “transmita mayor claridad a la opinión pública”, luego de que surgieran “múltiples y erradas interpretaciones de algunos artículos”.
El proyecto, radicado recientemente en el Congreso, otorgaba facultades a la Superintendencia de Transporte y a la Policía Nacional para vigilar y sancionar a los actores del ecosistema de movilidad digital, incluyendo a usuarios, conductores y administradores de propiedades.
Entre los puntos más polémicos se encontraban multas de hasta $4,7 millones para los usuarios que contrataran servicios no autorizados y sanciones de hasta $726 millones para administradores de conjuntos residenciales u otros inmuebles que permitieran la prestación de este tipo de transporte.
Asimismo, la iniciativa planteaba un endurecimiento de las inmovilizaciones de vehículos: 60 días para la primera infracción, 90 días para la segunda y 120 días para la tercera, frente a los cinco días que establece actualmente la normativa vigente.
Estas disposiciones fueron duramente cuestionadas por distintos sectores, entre ellos el concejal de Bogotá Julián Forero, quien calificó la propuesta como un ataque contra la movilidad y el derecho al trabajo, y advirtió que podría afectar el sustento de más de 1,2 millones de familias que dependen de plataformas como Uber, DiDi, Cabify y Yango.
