Jorge Eduardo Mora expuso la hoja de ruta que contempla operativos en zonas priorizadas, refuerzo de la inteligencia y cooperación con Estados Unidos para enfrentar a las estructuras criminales

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, presentó la hoja de ruta de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030, con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca recuperar el control territorial, fortalecer la presencia del Estado y enfrentar a los grupos armados y las economías ilícitas.

En una columna publicada en Semana, Mora expuso los principales objetivos de la estrategia y explicó que la denominada “Patria Milagro” parte del diagnóstico de un deterioro del orden público durante los últimos años.

Según el ministro, los Grupos Armados Organizados (GAO) incrementaron su capacidad criminal en un 125% y se consolidaron en el 57% de los municipios del país. Paralelamente, los cultivos de coca aumentaron un 54%, situación que, según señaló, “fortaleció las economías ilícitas que financian la violencia y erosionan la gobernanza territorial”.

“El objetivo central es desarticular el sistema criminal híbrido narcoterrorista”, afirmó el ministro, al explicar que para alcanzar ese objetivo se combinará la acción de la fuerza pública con una persecución penal efectiva, el fortalecimiento institucional y una cooperación internacional renovada.

Mora señaló además que “la recuperación nacional comenzará por restablecer el control territorial”, mediante una presencia de la fuerza pública que permita generar condiciones para el retorno de la institucionalidad, fortalecer la confianza ciudadana e impulsar el desarrollo regional.

La estrategia también contempla la protección de la población, la infraestructura crítica y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y el crecimiento económico.

Apres y Bodsu, los mecanismos para recuperar territorios

Como parte de la estrategia se activarán las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres), donde se realizarán campañas militares y policiales conjuntas, coordinadas, combinadas e interagenciales para recuperar y estabilizar el control territorial.

A estas acciones se sumarán los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu), que trabajarán junto con las alcaldías para reducir delitos como homicidio, extorsión, secuestro, narcotráfico y microtráfico.

Según el material divulgado sobre la estrategia, los Bodsu comenzarán en nueve ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha, con un despliegue inicial de 2.000 policías.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la capital recibiría 400 uniformados en la primera fase. La iniciativa busca reforzar la capacidad de las autoridades para enfrentar delitos de alto impacto y estructuras criminales.

Gobierno de Abelardo busca fortalecer cooperación con Estados Unidos

La estrategia de seguridad también tiene un componente internacional. Mora planteó fortalecer la alianza con Estados Unidos y ampliar la cooperación contra el crimen organizado transnacional mediante la próxima adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C).

La hoja de ruta contempla reforzar capacidades de inteligencia estratégica y financiera, movilidad aérea, ciberdefensa, guerra electrónica, sistemas antidrones y tecnología de vigilancia e inteligencia, con el propósito de afectar las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.

El documento plantea fortalecer la cooperación en entrenamiento, interoperabilidad y transferencia tecnológica con Estados Unidos, especialmente para perseguir las redes asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

La estrategia identifica como una de las principales amenazas la expansión territorial de grupos armados y organizaciones criminales. De acuerdo con el diagnóstico citado en el material, estas estructuras tendrían presencia o control sobre cerca del 36% del territorio nacional, equivalente a más de 420.000 kilómetros cuadrados.

El documento describe el fenómeno como una “guerra híbrida”, debido a las alianzas entre diferentes organizaciones para controlar territorios y rentas provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y otros delitos.

Frente a esta situación, el Gobierno plantea crear Teatros Regionales de Operaciones en zonas priorizadas y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de seguridad, inteligencia, investigación criminal y judicialización.

Además, se contempla reforzar las capacidades aéreas y tecnológicas de la fuerza pública, incluyendo la flota de helicópteros Black Hawk y sistemas destinados a enfrentar el uso de drones por parte de organizaciones criminales.