Defensoría alerta crisis financiera, inequidad en recursos y mayores costos para los hogares.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la deuda del sistema de salud en el país oscila entre $24 y $33 billones, mientras el gasto de bolsillo de los hogares supera el 30 % en algunas regiones, evidenciando una crisis estructural en el sector.
El diagnóstico fue presentado durante el evento académico ‘Sostenibilidad financiera de los sistemas de salud: acceso y exceso’, donde se analizaron las condiciones financieras del sistema y su impacto en el acceso a servicios.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a una reforma estructural que priorice una nueva gobernanza con transparencia en el manejo de los recursos, enfoque territorial y participación ciudadana efectiva. También insistió en la necesidad de rendición de cuentas por parte de todos los actores, especialmente del sector privado.
Aunque el sistema presenta un alto nivel de financiamiento, con más del 65% de recursos públicos y cerca del 86% del gasto concentrado en el aseguramiento a través de la UPC, persisten desigualdades en su distribución. El 51% de los recursos se asigna al régimen contributivo, que cubre a menos población, mientras el subsidiado recibe el 49%.
Además, el gasto en el Plan de Beneficios en Salud sigue en aumento y en 2025 superó los $88 billones. En total, el país destinó cerca de $100 billones al sistema, equivalente al 8,2% del PIB, una de las proporciones más altas de la región, sin que esto se traduzca plenamente en acceso efectivo o calidad en la atención.
Uno de los puntos más críticos es el aumento del gasto de bolsillo de los hogares, que pasó del 15,8% en 2019 al 17,2% en 2024. Este fenómeno se explica, en parte, por retrasos en pagos y cambios en las condiciones de los proveedores, que han empezado a exigir pagos anticipados o limitar la entrega de servicios.
Las diferencias territoriales son marcadas. Departamentos como Guaviare (35,6%) y Arauca (35,12%) registran los niveles más altos de gasto de bolsillo, superando el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar el empobrecimiento de los hogares. Otras regiones como Putumayo, Tolima y Huila también se acercan a ese límite.
En cuanto a la deuda, la falta de cifras unificadas refleja problemas de transparencia. Se estima que el 73% de las obligaciones corresponde a deudas con IPS y prestadores privados, mientras que el 27% afecta a las instituciones públicas. A esto se suman cerca de $3 billones adeudados a operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
Datos de la Contraloría General de la República indican que la deuda está altamente concentrada: Nueva EPS acumula más de $9 billones, equivalente al 28% del total, y cerca del 74% de las obligaciones corresponde a entidades intervenidas.
La Defensoría advirtió que esta falta de claridad financiera genera efectos críticos como deterioro de la liquidez, dificultades en la planeación, limitaciones para formular políticas públicas y un debilitamiento de la confianza en el sistema y en el derecho a la salud.
