El exmandatario acusó a Petro de perjudicar a los trabajadores con sus reformas y políticas públicas, tras el anuncio de la consulta popular.
Tras su discurso en la Plaza de Bolívar durante el Día del Trabajo, en el que culpó al Congreso de negarle los derechos a los trabajadores, el presidente Gustavo Petro radicó oficialmente la consulta popular ante el Congreso de la República. La propuesta contempla 12 preguntas y fue presentada en un acto protocolario con presencia del secretario general del Congreso, Diego González, quien recibió el documento en nombre de la Corporación.
Horas más tarde, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó con dureza a través de su cuenta de X, donde publicó un extenso mensaje en el que enumeró ocho acciones que, según él, el Gobierno de Petro ha emprendido en contra de los trabajadores colombianos.
En su primera acusación, Uribe sostuvo que la inseguridad, el narcotráfico y un discurso oficial agresivo están desmotivando la creación de empleo formal. Señaló que la informalidad laboral ya alcanza el 57,8% y que, en el último año, aumentó en 952.209 personas. Además, indicó que Colombia presenta peores cifras de informalidad que países como México, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá, y que las reformas impulsadas por el Gobierno estarían agravando esta situación.
En su segundo punto, el exmandatario advirtió que más de dos millones de personas han abandonado el país, y que muchos de ellos son jóvenes en edad productiva. Afirmó que los jóvenes se ven obligados a elegir entre el exilio o involucrarse en actividades ilícitas, como el microtráfico, que posteriormente los expone a delitos de mayor gravedad.
La tercera acción que señaló tiene que ver con la Reforma a la Salud. Uribe acusó al Gobierno de destruir el sistema actual para imponer un monopolio estatal, lo cual estaría dejando a los trabajadores sin acceso oportuno a medicamentos y servicios de salud, obligándolos a asumir estos costos de su propio bolsillo o trasladarlos a empleadores que no siempre pueden cubrirlos.
En cuarto lugar, criticó la Reforma Pensional por considerar que elimina la posibilidad de que los jóvenes construyan una pensión alta, al someterlos a un modelo definido por el Estado. Denunció también el aumento en 150 semanas de cotización para acceder a la pensión mínima y acusó al Gobierno de intentar usar los fondos públicos pensionales para cubrir el gasto presupuestal.
La parálisis en la construcción de vivienda social fue su quinta denuncia. Según Uribe, esta situación impide que muchos trabajadores accedan a vivienda propia y, además, está encareciendo el mercado de arrendamientos. Como sexta acción, mencionó la falta de gas natural, que —afirmó— generará aumentos en los costos de este servicio esencial.
En séptimo lugar, advirtió que la disminución de la actividad minero-energética representa una amenaza para los salarios de los trabajadores mejor remunerados, muchos de los cuales votaron por Petro.
Finalmente, criticó el aumento en la nómina del Gobierno, asegurando que se han sumado más de 30.000 empleados, lo cual calificó como una carga insostenible y un “engaño electoral”.
Frente a este panorama, Uribe recordó las medidas que implementó durante su mandato, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales sin afectar el salario.
Además, defendió su propuesta para que los trabajadores de plataformas digitales tengan seguridad social sin que estas empresas sean asfixiadas por el código laboral. También propuso beneficios adicionales para empleados en empresas con alto crecimiento y un sistema educativo de ciclos cortos, enfocado en el empleo digno y el emprendimiento juvenil, fortaleciendo iniciativas como el Fondo Emprender del Sena.
