Amylkar D. Acosta M
Como ya lo dijimos, el Gobierno Nacional quemó sus últimos cartuchos el
pasado fin de semana intentando llegar a un acuerdo con el CEO de Gas
Natural – Fenosa, empresa española con el 83% de las acciones de
ELECTRICARIBE, Isidre Fainé, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y
se levantaron de la mesa sin llegar a algún avenimiento. El Gobierno insistió
en la necesidad de una capitalización de la empresa, para que esta, además de
cubrir sus obligaciones vencidas con el mercado eléctrico pudiera también
cumplir con su parte del Plan5Caribe, que compromete inversiones del orden
de los $1.1 billones en la infraestructura del Sistema de Transmisión Local
(STL) y las líneas de distribución, que son de su responsabilidad como
Operador de red en la región Caribe.
Estas negociaciones se adelantaron en medio de la seguidilla de impagos, que
obligaron a XM, como Administrador de la Operación del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) a poner en marcha los procesos de “limitación
de suministro” del fluido eléctrico al mercado servido por ELECTRICARIBE,
a la espera de que esta cubriera las garantías exigidas. Ello significaba para los
2.5 millones de usuarios de esta empresa soportar 3 horas diarias, que podrían
ampliarse a 4 horas, de racionamiento programado, que se vendrían a sumar a
los no programados a los que los resignados usuarios ya están
acostumbrados.
El plazo límite del último de ellos se vencía el miércoles 16de los corrientes.
Ante la inminencia del racionamiento programado, la Superintendencia se vio
compelida a actuar, pues sólo ella está facultada por el artículo 59 la Ley 142
de 1994 y la Resolución 116 de 1998 de la CREG, la cual fue adicionada por
la Resolución 69 de 2000 y modificada por la Resolución 79 de 2001 de la
misma, para interrumpir o suspender el procedimiento de la “limitación de
suministro”. Y la única forma de hacerlo era mediante la toma de posesión de
ELECTRICARIBE y proceder en consecuencia, como en efecto lo hizo el
Superintendente José Miguel Mendoza.
Dos fueron las razones invocadas por la Superintendencia de Servicios
Públicos para la toma de posesión, mediante la Resolución 20161000062785
del 14 de noviembre, previo concepto favorable de la CREG: la primera que,
según el reporte de la firma Deloitte, Auditora externa de ELECTRICARIBE,
esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”, pues además de no
contar con los recursos suficientes para garantizar su operación, proyectándose
un déficit de caja para fin de año del orden de los $655.313 millones, sus
posibilidades de acudir a la banca para su financiamiento eran cada vez “más
limitadas”. Ello entrañaba, además, un riesgo sistémico que podría llegar a
afectar a todo el SIN por el efecto dominó que hubiera podido desencadenarse
ante sus reiterados incumplimiento con los generadores. La segunda, tiene que
ver con el incumplimiento de parte de ELECTRICARIBE tanto de la Ley 142
de 1994 como de la Ley 143 del mismo año, que establecen claramente que el
servicio de energía se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad. Y
resulta que, según los registros de XM el Índice trimestral agrupado de
discontinuidad (ITAD) de ELECTRICARIBE en el primer trimestre
(0.03806) estuvo desfasado con respecto al tope regulatorio (0.01635) y ni se
diga en el segundo trimestre, que registró 0.03606, cuando el tope para este
último período era de 0.01441.
Pero a lo anterior hay que añadir que la empresa había dado claras muestras de
su incompetencia y falta de gestión, amén de la pésima atención al cliente. Es
proverbial la falta de mantenimiento de las redes, las cuales además de su
obsolescencia están expuestas a un ambiente de alta salinidad en el ambiente,
lo cual demanda más y mejor mantenimiento con respecto a otras zonas del
país. Ello se traduce en la constante fluctuación del voltaje, dando al traste con
los electrodomésticos de los usuarios y los frecuentes accidentes, los cuales
han cobrado 120 víctimas fatales, 12 de ellos niños, atribuibles a la desidia de
la empresa. Y qué decir de la paquidermia en la ejecución de los recursos
provenientes de los fondos PRONE, para normalización de redes y FAER,
para electrificación rural, que maneja el Ministerio de Minas y Energía,
proyectos estos que son el complemento necesario del Plan5Caribe, de los
cuales, según la Contraloría General, siguen embolatados aproximadamente
$65.000 millones, sin ejecutar, en medio de semejante crisis, esta vez no por
dificultades en su flujo de caja.
No han faltado quienes han reaccionado a la medida tomada por la
SUPERINTENDENCIA calificándola como tardía, pero la realidad es que no
se podía tomar antes ni después sin exponer a los usuarios y al propio Estado a
riesgos de tipo legal que después tendríamos que lamentar. Había que actuar
con suma prudencia y con gran dosis de responsabilidad, sólo en el momento
en que se configuraron las causas para tomar posesión de ELECTRICARIBE
se hizo. Ahora bien, esta intervención por parte de la SUPERINTENDENCIA
no va a resolver como por ensalmo los problemas de la eficiencia, calidad y
continuidad en la prestación del servicio, porque su solución pasa por la
corrección del rezago histórico de las inversiones que han debido hacerse en
su momento y no se hicieron. De allí la premura con que debe ejecutarse el
Plan5Caribe que apunta a la solución del problema estructural.
Por lo pronto, la toma de posesión de ELECTRICARIBE nos libra de los
racionamientos programados que venían en camino, habida cuenta que ya se
tienen pólizas vencidas por valor de $165.905 millones, las cuales serán
cubiertas por la nueva administración, encabezada por su Presidente Edgardo
Sojo y el Agente Especial Javier Lastra, apelando a un préstamo por parte del
Fondo Empresarial por valor de $120.000 millones, que ya está en trámite
para solventarlo.
Hay que entender que esta intervención por parte de ELECTRICARIBE, que
dio lugar a la toma de posesión no es el punto de llegada sino el punto de
partida, en procura de la solución definitiva de la problemática de
ELECTRICARIBE, empresa esta que se ha convertido en una pesadilla para la
región Caribe. Se ha convertido en lo que uno de los gobernadores del Caribe
en “una vaca muerta atravesada en la mitad del camino” de su crecimiento y
desarrollo. La Superintendencia se va a dar cuatro meses, aproximadamente,
antes de tomar la decisión con respecto al carácter de su toma de posesión,
para definir si esta se va a limitar a la reorganización y refinanciación de la
empresa, para lo cual cuenta con el apoyo de la consultora estadounidense
Treta Tech o si va más allá, disponiendo su liquidación para dar paso a un
nuevo Operador.
Superada esta emergencia, se tendrá que proceder a gestionar los recursos
tendientes a destrabar el componente del Plan5Caribe que le corresponde
ejecutar a ELECTRICARIBE y tratar así de recuperar el tiempo perdido. Para
ello y con el ánimo de pasar de la problemática a la solucionática, le hemos
planteado varias propuestas al Gobierno Nacional: la primera de ellas es una
reiteración a la que le presentamos al Presidente Santos en la Cumbre
energética del 14 de enero de este año, en el sentido de constituir un
patrimonio autónomo con los recursos provenientes de los fondos PRONE y
FAER, mediante la titularización o pignoración de estos, con el fin de agilizar
la ejecución de los proyectos que se financian con los mismos.
He insistido también en la importancia de darle el carácter de proyectos de
interés estratégico nacional (PINES) al paquete de proyectos contemplados en
el Plan5Caribe, para que la ejecución de los mismos sea más expedita. Y,
finalmente, en vista del déficit de $400.000 millones, aproximadamente, que
acusa el Fondo de Energía Social (FOES) que cubre los subsidios al consumo
de energía de los estratos 1, 2 y 3 para el 2016, de los cuales el 42%
corresponde a los usuarios de ELECTRICARIBE, hemos propuesto una
fórmula con el fin de que no tengan que esperar hasta el año entrante para que
le giren $211.000 millones, aproximadamente, entre lo ya causado y lo
correspondiente al último trimestre de este año. Se trata de expedir una
Resolución de reconocimiento de tales subsidios hasta la concurrencia del
monto que le corresponde, para que la misma le sirva de respaldo o garantía y
así poder tramitar un crédito de caja en la banca, para poder disponer de
dichos recursos en momentos en los que más los necesita la empresa.
Bogotá, noviembre 20 de 2016
www.fnd.org.co