La demanda no se desmontará hasta cuando el millonario contrato no se firme.
La FM de RCN conoció que la poderosa firma Thomas Greg & Sons seguirá adelante con sus pretensiones contra el Estado colombiano por la declaración desierta del contrato de pasaportes, hasta tanto no se firme el millonario contrato que adjudicó la Cancillería este lunes.
Fuentes al interior del proceso entre el ministerio de Exteriores y Thomas señalaron a este medio que la demanda no se desmontará hasta cuando el millonario contrato de más de $599.000 millones no se firme.
Dicha firma está prevista para este lunes 4 de marzo como fecha límite entre las partes, de lo contrario, Thomas Greg no retirará la demanda y las pretensiones contra el Estado colombiano.
Por ahora, la firma interesada ya fue notificada de la determinación del Gobierno de adjudicarle el contrato y se ha surtido la primera reunión de empalme para tratar temas logísticos.
El presidente Gustavo Petro volvió a enfilar baterías contra la poderosa firma Thomas Greg & Sons, luego de que la Cancillería adjudicara oficialmente el contrato de pasaportes por cerca de $599.000 millones.
El mandatario aseguró que la firma tiene el poder de las elecciones en el país. “En el último año, han logrado que Thomas Greg & Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría, y al mismo tiempo, controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección”, dijo en su cuenta de X.
A lo anterior, Petro agregó que “lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”.
La nueva arremetida del mandatario colombiano contra la firma, que hoy tiene el millonario contrato para la fabricación de pasaportes en el país, se da apenas horas después de que declarara insubsistente al secretario José Antonio Salazar, quien firmó la resolución que daba visto bueno para la distribución de las libretas en el país.
Petro trajo a la memoria un episodio que marcó buena parte de las elecciones presidenciales del 2022, en dónde la Registraduría no cambió el software de escrutinio que estaba a cargo de la firma Thomas Greg & Sons.
