La medida fue aprobada este lunes en plenaria del Senado, y busca quitarles este beneficio a quienes cometan delitos contra la administración pública.

La idea es evitar que los corruptos puedan gozar de casa por cárcel y garantizar que estas personas paguen sus condenas en verdaderos sitios de reclusión.

También se aprobó un inciso que establece que quienes sean condenados por delitos de corrupción deberán pagar su condena en la prisión y no en sitios especiales como las guarniciones militares.

La norma también entrega una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado, a las empresas y personas naturales que sean sancionadas por esta clase de delitos.  

Varios senadores que apoyaron esta iniciativa celebraron la decisión, aunque ahora el proyecto tendrá que pasar a conciliación en la Cámara de Representantes.

Allí el proyecto se podría hundir debido a que se viene “una avalancha de impedimentos” entre los representantes, y mientras eso se resuelve los tiempos no alcanzarían para la votación ya que el periodo de sesiones ordinarias termina el próximo jueves, 20 de junio.

Los impedimentos tienen que ver con que este proyecto ya fue aprobado en Cámara por el Congreso pasado, entre julio de 2017 y junio de 2018, motivo por el que muchos de los actuales representantes no hicieron parte de esa discusión y votación.

El fiscal general (e), Fabio Espitia, dijo: “Espero que el trámite de conciliación con la Cámara sea extremadamente expedito y ojalá esto se convierta en ley de la República el próximo jueves”.