Se trata del crimen en contra de Efraín Varela en junio de 2002, debido a sus denuncias sobre la complicidad y corrupción entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.

De acuerdo con el tribunal, existen pruebas y testimonios para determinar la participación de miembros del Ejército en el crimen, referentes a facilitar el traslado de paramilitares del Bloque Vencedores para tal fin.

En este orden de ideas, para el tribunal «miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley, paramilitares, para permitir y coadyuvar la actividad de estos últimos».

Un sustento a esta decisión fue el testimonio de alias ‘Chichi’, supuesto autor material del crimen, quien afirmó que alias «El Mellizo», comandante del Bloque Vencedores, dio la orden, la cual contó con la planeación de alias ‘Tolima’. Además, de acuerdo con su testimonio, Julio Acosta, el ex gobernador de Arauca, solicitó el levantamiento del retén para lograr llevar a cabo el asesinato, orden cumplida por el coronel Ortiz.

En el fallo se afirma que «se probó con suficiencia que existió en este caso particular una verdadera y aberrante falta de servicio a cargo del Ejército Nacional, que permite imputarle responsabilidad a la administración en la muerte del mencionado ciudadano».

Por consiguiente, el Consejo de Estado ordenó al Ejército realizar un reconocimiento público de responsabilidad y asegurar la no repetición.