Colombia reafirmó por vía legislativa su propósito de fortalecer la cultura procesal de la oralidad, a través de la presentación de un proyecto de ley que fue radicado por los senadores Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U) y Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), ante la Secretaria General de la Corporación.
Con esta iniciativa, se sale al paso a la necesidad de descongestionar la rama judicial, que se traducirá en una justicia pronta, rápida y oportuna. “Este proyecto es oportuno y saludable, a partir de la construcción de un consenso, con los señores jueces de los Altos Tribunales”, precisaron los legisladores.
Adicionalmente, el proyecto de ley apunta a promover la vigencia de la oralidad hasta del 2018, fecha en la cual se estima que el Gobierno cuente con los recursos económicos y tecnológicos, para colocar en marcha un sistema, que permitirá entre cosas, crear Salas de Audiencia, así como promover de los funcionarios capacitados, de una nueva cultura procesal de la oralidad.
El presidente de la Comisión Primera del Senado Manuel Enríquez Rosero, consideró que el paso dado en materia legislativa, le permitirá entrar en un escenario de modernización en la administración de justicia. “Hoy, Colombia está muy rezagada en esta cultura jurídica. Un hecho que debe poner de acuerdo al Gobierno, al Congreso y los señores jueces, de dotar al país de un instrumento fundamental como la oralidad, para edificar una justicia eficaz”,
Adicionalmente, el senador Eduardo Enríquez Maya recordó que un proceso en la jurisdicción ordinaria tiene un promedio de 10 años. “El proceso de pertenencia por ejemplo. Es supremamente dispendioso. El 65 por ciento de la jurisdicción civil se gasta en los procesos ejecutivos. Los clientes del cuerpo bancario del país, también están bajo ese escenario Lo que se pretende de descongestionar el estudio de casos por parte de la justicia”.
Con el proyecto de ley radicado por los senadores Manuel Enríquez Rosero y Eduardo Enríquez Maya, la oralidad comienza el camino legislativo para llegar al proceso civil. “La idea, es que la oralidad llegue bien implementada, con un trámite juicioso y consensuado con el Gobierno al interior del Congreso. Una oralidad que posea los recursos económicos, tecnológicos y el talento humano necesario”.
