En concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó tumbar la Ley de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Ministerio Público señaló que el trámite de la norma vulneró el principio de consecutividad, que exige que los proyectos de Ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras. 

Conceptuó así entonces que la Ley de Paz Total (2272 de 2022) no se ajusta a la Constitución.

«La Procuradora General señaló que varias disposiciones de la norma no fueron estudiadas en estricto sentido por las comisiones primeras constitucionales permanentes, pues fueron propuestas solo hasta las deliberaciones ante las plenarias», señaló la entidad.

Entre esas disposiciones no discutidas en las comisiones primeras se encuentran la creación de una instancia de alto nivel del Gobierno Nacional para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto. 

En el documento de 13 páginas, la Procuraduría precisa que lo mismo sucedió con la calificación de los grupos armados ilegales conformados por personas que integraron organizaciones desmovilizadas al margen de la ley y la reconciliación con la naturaleza como una medida de reparación, que fueron incorporadas por proposiciones presentadas en el último debate en Cámara de Representantes.

«Se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público y, por lo tanto, se encuentran asociadas a la política criminal del Estado cuya discusión parlamentaria debió estar informada por dicho dictamen», explicó la procuradora general. 

Ahora, el magistrado Jorge Enrique Ibañez, quien tiene a cargo el caso, deberá preparar el proyecto de fallo y repartirlo a los demás togados para pasar a discusión en la sala plena de la Corte Constitucional.