Lun, 20/07/2020 – 12:40
Por medio de una carta dirigida al actual presidente del Senado, Lidio García y a Carlos Alberto Cuenca, presidente de la Cámara de Representantes, el Procurador Fernando Carrillo escribió «excusar mi inasistencia a la sesión de instalación del día de hoy, en garantía del ejercicio de las funciones autónomas de control que constitucionalmente me corresponden como Procurador General de la Nación, así como de la propia autonomía que corresponde al órgano legislativo en la adopción y materialización de sus decisiones».
Pues la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de su función constitucional de velar por el respeto del ordenamiento jurídico, tiene por tarea hacer seguimiento a lo que determinan los jueces de la República y, en particular, frente a la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Congreso de la República, a lo decidido por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-242 del pasado 9 de julio.
El procurador expresó que «Para la preservación de nuestro Estado democrático de Derecho requerimos de un Congreso fuerte, activo y deliberante sin restricción alguna en su funcionamiento y respetuoso de la reserva y confidencialidad de las decisiones de sus miembros, en especial para la elección de aquellos dignatarios donde la garantía de la individualidad y secreto del voto es esencial».
En las últimas horas el procurador carrillo revelo que tres gobernaciones y 15 alcaldes favorecieron a contratistas que financiaron campañas
esta situación se registró en las gobernaciones de Atlántico,, Boyacá y Vichada.y en las alcaldías de Itagüí , Buga , Puerto Rico Caquetá , Repelón Atlántico,Espinal Tolima, Maceo Antioquia,Argelia Antioquia,Piamonte Cauca,Pueblo Bello Cesar,Támesis Antioquia,Villa de Leyva Boyacá,Montelibano Córdoba,Barbosa Antioquia, Carmen de Viboral Antioquia, y Consacá Nariño.
Con base en una iniciativa ciudadana presentada por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia – UGII – y el Grupo de Control Electoral, hizo un proceso de análisis de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019, centrándose en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, que estan inhabilitados para suscribir esos contratos.
“Una vez obtenida esta información clasificamos los aportantes/contratistas de acuerdo con la gobernación, alcaldía y sus entidades descentralizadas y nos focalizamos en los financiadores de campañas en 2019, puesto que son los que actualmente están inhabilitados para contratar en aquellas entidades territoriales”, explicó la Procuraduría.
De 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP -, en los que intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019, el Ministerio Público focalizó su vigilancia en 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019.
“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de 620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, agregó la entidad.
Esos 52 contratos suman $5.831,6 millones de pesos, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.
A través de la Directiva No. 024 el Procurador General de la Nación alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, manifestó el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
LOS BENEFICIADOS:
GOBERNACIONES
– La gobernación de Vichada suscribió un contrato con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones.
– La de Atlántico firmó dos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones.
– La de Boyacá lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones.
ALCALDÍAS:
– La ESE Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del municipio de Itagui, Antioquia, firmó 9 contratos por $1.053,8 millones con Ascolsa;
– La ESE Hospital Divino Niño de Buga, Valle suscribió 4 negocios jurídicos con Orthox Servicios Médicos, por $689,57 millones.
– La alcaldía de Puerto Rico, Caquetá, firmó 4 contratos con Nubia López Torres (Fundación Un Mañana Mejor) por $495,3 millones.
– La de Argelia, Antioquia, 5 contratos con Carlos Alberto Arcila (Granera Carlos y Oliva), por $293,25 millones.
