Después de la reunión sostenida con el Frente Amplio por la Paz el día de ayer, debido a las preocupaciones por amenazas de terminación del cese al fuego unilateral y el llamado de la organización a evitarlo, las FARC propuso al Gobierno realizar una tregua antes de declarar el cese bilateral.
Esto además se complementó por la intervención del Frente, el cual solicitó al grupo guerrillero frenar el reclutamiento y al Gobierno no ofrecer recompensas por comandantes guerrilleros, siendo el centro de la propuesta protocolizar los acuerdos logrados hasta el momento (ver Tregua antes de cese y Frente Amplio por la paz).
Al respecto, el Procurador General, Alejandro Ordoñez calificó esta propuesta como un «chantaje del terrorismo». De acuerdo con el funcionario, esto es solo una manera de asegurar impunidad a las FARC por seguir delinquiendo.
Así mismo, el Procurado sostiene que el lenguaje utilizado en los comunicados del grupo guerrillero demuestran un deseo de justificar masacres como la del pasado 11 de junio en contra de la Policía Nacional.
Afirmó que esta medida tendría como fin «paralizar» a la Fuerza Pública, como una clara estrategia de dar largas indefinidas al proceso de negociación, refiriéndose a la declaración de las FARC que contraría al Gobierno nacional frente a los 6 meses de plazo para firmar los acuerdos (ver Panorama complejo para el proceso de paz).