El primer proceso, de carácter nacional, se trata del caso en contra de la Fiscalía y la Universidad Nacional por el asesinato, el 15 de septiembre de 1999, de Jesús Antonio Bejarano, ex embajador de Colombia en El Salvador y Guatemala y docente de dicha universidad. El Consejo de Estado falló hoy en contra de la Nación por este caso debido a omisiones de los entes involucrados en la responsabilidad de proteger al ex embajador.
Bejarano había informado a la Fiscalía que se había convertido en “objetivo militar” de las FARC debido a los comentarios que realizó sobre la falta de seriedad del grupo armado en los procesos de paz de la época.
De acuerdo con la sentencia, la Universidad no tomó las medidas necesarias de seguridad privada para velar por la vida del docente, quien había sido abordado por encapuchados previamente en sus instalaciones. De igual forma, se afirmó que la Fiscalía no actuó de acuerdo con la normatividad vigente en términos de investigación de la denuncia, y de proveer protección específica frente al riesgo de las amenazas en contra de la vida del ex mabajador. En la sentencia se afirma que “el hecho de que terceros cegaran la vida del docente de la Universidad Nacional no le era ajeno a la Fiscalía General, en tanto no se cumplió con las características de imprevisibilidad e irresistibilidad”.
El segundo proceso es de carácter regional y fue iniciado por Federico Arellano, Gerardo Arellano, quien fue víctima del atentado del avión de Avianca de 1989. Arellano entabló una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responsabilizar al Estado debido a la impunidad que ha reinado sobre este ataque. De acuerdo con el demandante, el ataque sucedió en medio de alianzas de entes del Estado junto con narcotraficantes y paramilitares, y no se ha esclarecido las responsabilidades del DAS en el tema.
