Después de haber accedido a la presencia de Unasur para la misión de observación electoral en los comicios del próximo 6 de diciembre, a pesar de la esperanza por su funcionamiento, las dudas continúan.

Esta misión se basó en la preocupación regional por la transparencia en el sufragio, el cual se ha considerado un estandarte en la democracia. Maduro había dicho que en caso de perder las elecciones no “entregaría la revolución”, es decir el poder, sino que gobernaría supuestamente con el pueblo por medio de una unión cívico militar.

El Presidente colombiano y su homólogo uruguayo habían tenido conversaciones al respecto de esta preocupación. Santos había manifestado «estamos preocupados porque nada que se aprueba y no se han dado las condiciones para la Misión de Observación a las elecciones en Venezuela. Por eso estamos viendo a ver cómo podemos lograr para que eso se dé por el bien de la democracia en todo el continente” afirmó (ver Elecciones en Venezuela: una preocupación regional).

La aceptación de la misión pareció tranquilizar un poco las inquietudes del continente. Así mismo, el Consejo Electoral de Venezuela afirmó que apoyaba el acuerdo propuesto por UNASUR, al igual que cualquier iniciativa que promueva un proceso tranquilo. Sandra Oblitas, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que «aquello que promueva la paz, que promueva la seguridad, que promueva el reconocimiento de las instituciones y el desarrollo tranquilo de los procesos, el Consejo Nacional Electoral por supuesto no duda en reconocerlo y celebrarlo». No obstante, la oposición dijo que iban a revisar este acuerdo.

La rectora mencionó además que ha impuesto sanciones a partidos por utilizar símbolos y propagandas de otras, y que ha difundido a través de medios de comunicación «campañas que pretenden promover la violencia y desconocer las instituciones del Estado». Así mismo, instó a los medios a un equilibrio informativo. No obstante, para algunos estas medidas no tendrán funcionamiento dado que incluso bajo la observación de una misión electoral ganó el régimen de Chávez a pesar de las dudas sobre su transparencia.

Lo anterior sucede en un contexto interesante en el derecho internacional, no solo debido a las solicitudes de investigación al régimen venezolano en la Corte Penal Internacional (Bolivia, Colombia, familiares de Leopoldo López, sino además debido a la histórica decisión de la Corte Suprema chilena que obliga al Gobierno a interceder a favor de los presos políticos venezolanos.

Este fallo tenía como base el principio de jurisdicción internacional en derechos humanos (el cual en su momento permitió la detención de Pinochet en Londres, por ejemplo). Con base en esto, el Gobierno de Bachelet, que se caracterizaba por su posición débil frente al régimen Maduro está obligado a  interceder ante la OEA para velar por los derechos de estos presos políticos.

El fallo enfatiza en su sentencia que “operan en este caso todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción internacional protectora de los derechos humanos (…) desde que los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de sus ciudadanos ya individualizados; y hasta se podría sostener con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del Gobierno local”.

El 6 de diciembre se determinará si las misiones y la intercesión de los países latinoamericanos son útiles para verdaderamente garantizar procesos democráticos.