Por Carlos Ortiz Fernandez

Exgobernador del Huila

 LABERINTO DE LODO.  La majestad luminosa y las aureolas cenitales que han tachonado los ámbitos de la juridicidad nacional desde las Altas Cortes, rectoras de la Administración de Justicia, venerada Rama del Poder Público, se encuentra enlodada en un laberinto, por culpa de actores privilegiados, de encumbrados cerebros, hoy desvergonzados sujetos que, se denuncia e informa, han jugado su castidad y la han perdido, han renunciado a la dignidad y avasallados por dádivas dolosas, rayan en la deshonra, los aturdirá el deshonor perpetuo, el rechazo social.

Los colombianos están ofendidos y expresan opiniones de censura ante las insólitas y demoledoras noticias de las Ramas del Poder Público y la evidente coautoría del sector Privado, de reconocidos ciudadanos. Con fundamento, nuestros compatriotas se manifiestan energúmenos e iracundos ante la diabólica evolución de la moral social, con señales tangibles de creciente descomposición en los más altos niveles de la Sociedad y del Estado.  Pero, “Se presume la inocencia hasta no demostrar la culpabilidad en el ilícito y ser vencido en juicio”.

En Colombia ha hecho carrera la crítica a la mediocridad de la Justicia.  Es generalizado el mal ambiente contra la Administración de Justicia. Es doloroso el espectáculo. Contristan, deprimen y dan coraje los aludes de las putrefactas hazañas que sonrientes niegan conspicuos actores de la farsa.

Las noticias periódicas sobre la corrupción muestran un deterioro moral, un descalabro ético, una laboriosidad insana, abusos de servidores oficiales y de litigantes, de asesores inescrupulosos, el comportamiento fatuo,  deslegitimado, han traicionado su propia valía.

PARADOJA  Y   PARAISO.  La historia judicial colombiana es paradójica, ya que, también, enseña valiosas y enaltecedoras realidades respecto a la Administración de Justicia. En el universo de togados, docentes y litigantes, Colombia es un paraíso de fecundidad con su mosaico de valores humanos en las Cátedras, de numerosas Academias, de doctrinantes autores, de estudiosos escritores en publicaciones influyentes, de cultores del derecho y responsables de hacer justicia sujetos al Debido Proceso.

El patrón dominante ha sido una honrosa calificación de muy doctos y respetables Jueces, Magistrados, Conjueces y gran parte del  Personal de la Rama Jurisdiccional, con servidores de majestuosa  probidad, funcionarios  ecuánimes, símbolos de equidad y honestidad.

Los Gobiernos colombianos han sido cuidadosos y han acertado en el nombramiento de sus Ministros de Justicia. Algunos de ellos eminentes en sus concepciones sociales, políticas, jurídicas, comprometidos con la Historia.  Ministros con vocación y talante presidencial, doctos académicos, consumados jurisperitos, de valores  éticos y morales en su vida pública y privada.

Quienes cumplan las honrosas y delicadas prácticas del ejercicio profesional de Abogados Titulados, Especializados, con Posgrados, o Magister, deben alzar la frente, caminar enhiestos, gritar con emotividad natural a los vientos y comportarse con decoro en las salas más exclusivas, oficiar en los medios más exigentes, mostrando en sus actuaciones y actos de la vida pública o privada comportamiento de honor, de dignidad, de respetabilidad.

Son los Hombres, la Sociedad, los Servidores, los Sujetos actuantes, los Ciudadanos, individualmente, los obligados a cambiar de mentalidad, a rectificar, a mejorar su conducta, sus acciones. La Justicia la administran los Hombres.

Los cambios institucionales son convenientes para adecuar el marco jurídico y sus herramientas a las nuevas realidades sociales, políticas, económicas, ambientales.

La Justicia es el centro neurálgico de la actualidad política. Hay que blindarla y modernizarla. No es acertado marcar esta época como única de la barbarie judicial, de la corrupción de servidores públicos.

Estamos viviendo una etapa medular en la administración judicial. La situación política y la realidad judicial se manejan con encono, con enardecidos ánimos pendencieros, lo cual es notorio entre los Abogados litigantes en los asuntos Penales, Civiles, Administrativos, Comerciales, Tributarios y en el Derecho Internacional.

La crisis judicial colombiana, similar en Latinoamérica, en aspectos fundamentales viene golpeando las instituciones desde hace décadas.  Hay confusión causada por delirios farisaicos de dirigentes políticos, de empresarios y de rebuscadores irresponsables, venenosos, injustos.

Por fortuna, aprecio que el Gobierno está bien representado por Ministros, pilares institucionales, conocedores de sus deberes generales y puntuales, de carácter y espíritu democrático, de dignidad y de ejemplar valor republicano y  de patriótico coraje.

MINISTRO DEL  INTERIOR    Encuentro admirable, muy satisfactorio y gratamente sorprendente, la presencia y participación ágil, cerebral y razonable del Ministro del Interior, Guillermo  Rivera para efectos de reivindicar y encontrar en asuntos de la Administración de Justicia soluciones adecuadas al nuevo Estado social de Derecho.

El joven Ministro Rivera es un auténtico valor de la lejana provincia colombiana, elemento de probadas calidades innatas. Hombre de compromisos, de consagración y de pulcritud invaluable. Entiende, porfía  e insiste en la defensa de los fundamentos de los Acuerdos de LA HABANA, en los Acuerdos Judiciales. Es acertado, elocuente y didáctico en sus exposiciones. Es creíble, confiable y puntual en sus múltiples intervenciones,  riguroso en sus palabras.

El Ministro Rivera es un actor político muy promisorio, cauteloso, de notoria lealtad a la verdad, a los deberes, formado en el escenario de la democracia, la dignidad y la honradez.

MINISTRO  DE  JUSTICIA.  El Ex Consejero de Estado ENRIQUE GIL BOTERO es un excelente jurista, Ministro de Justicia. Exhibe credenciales de idoneidad plena, calificaciones de óptima trayectoria, de personalidad sobresaliente, de  coherente formación académica y experiencia lúcida y profunda.

El Ministro GIL BOTERO ha sostenido sesiones de claridad y pertinencia, ilustrativas y conducentes a asumir responsabilidades políticas, legislativas, inmediatas, por la gravedad de la situación actual.

En entrevista en EL TIEMPO, conducida por el maestro del periodismo YAMID AMAT, el Minjusticia resumió con precisión la propuesta del Gobierno destinada a corregir fallas estructurales y funcionales que afectan la Rama Judicial y atemperar estados pasionales de Magistrados que los embelesa, o los acobarda una brizna de poder.

La tormentosa vorágine de corrupción que azota el ámbito nacional tiene no sólo un diagnóstico oficial severo sino la manifiesta voluntad de una pronta intervención de las autoridades competentes, quienes ilustradas suficientemente, podrán resolver en instancia legislativa lo que conviene para subsanar fallas institucionales.

CONSIDERACIONES – PROPUESTAS.  Excelente la exposición del Ministro GIL BOTERO.  Son metódicas y acertadas las enmiendas que llevan a mejorar los dolores de patria, los trastornos que ocasionan las dolosas excentricidades que ocasionan las débiles formaciones, los dañados y perversos procederes que inspiran a encumbrados, aunque aislados mercaderes del servicio judicial.

Con gran sentido común, el Ministro GIL BOTERO sustenta la creación del TRIBUNAL DE AFORADOS para juzgar Magistrados y Altos Funcionarios, eliminar facultades eleccionarias de las Cortes y Tribunales Territoriales. No van más la elección de Procurador y sus cuotas, ni de Fiscal General de la Nación y sus cuotas, ni de Contralor General de la República y sus cuotas; ni de Contralores Departamentales y sus cuotas.

Acoge una juiciosa recomendación del ponderado hombre público, ex Procurador General de la Nación, hoy Contralor General de la República EDGARDO J. MAYA de eliminar las Contralorías Departamentales, focos de politiquería regional que alivia los vaporosos apetitos burocráticos de diputados y sus amigotes.

Con reciedumbre y convicción lanza la novedosa propuesta de reformar y aún de cerrar Facultades de Derecho, comentando que en Bonn, Alemania, hay una (1) Facultad de Derecho mientras en Medellín  hay 27 y en el año 2.016 se crearon 20 Facultades de Derecho en el país.

El Ministro avanza en sus propósitos y recuerda un tercer eje temático que consiste en eliminar la morosidad y proscribir la congestión de despachos, lo cual conduce a mejorar el funcionamiento y la eficacia de la Justicia.

Su preocupación, la matiza el Ministro con una referencia procesal penal, elevando una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para formulación de imputación de cargos en casos de delitos menores un año y de delitos graves dos años como estándares internacionales.

SENTENCIADOS  –  NO SENTENCIADOS.  En aspectos carcelarios, la subsistencia de esos macabros e inhumanos encierros, el Ministro suministra cifras escalofriantes de pacientes: Tenemos 116.312  personas humanas privadas de la libertad, en cárceles o mazmorras insoportables, inmundas. Hay 80.110 sentenciados y 35.902  no sentenciados. Por favor, la solución parcial, justa, constitucional,  es una decisión humana, ética, moral, cívica.

Llega el nuevo Estatuto para el JEP. Es una legislación de excepcional trascendencia histórica por su impacto político, social, económico, comunitario. La Corte Constitucional le dio un espaldarazo definitivo  para garantizar su vigencia, estabilidad y funcionalidad.

En materia de Derecho, nuestra autoridad es modelo en sectores, pero, la ley es bastante permisiva, por tanto, convulsiona ante la criminalidad desaforada, aún la callejera, conformada en Bandas, actora de diferentes tipos delictivos.

Nuestro Estado es deficiente en servicios de inteligencia contra el crimen. La impunidad es aterradora. La delincuencia es selectiva. Las bandas se sustituyen, se reproducen, pelean, compran, destruyen, corrompen.

Respecto a las FARC EP, la terminación del conflicto armado, la dejación de armas, la disolución de los Frentes, la participación activa en Política y en el Legislativo  servirá para que las autoridades legítimas acentúen las tareas institucionales y de cooperación contra el narcotráfico. La educación y formación, el civismo deben ser empeño esencial para cambiar masivamente.