El otrora todopoderoso e inmensamente rico país de Venezuela, donde los inmigrantes eran gratamente recibidos, donde la mano de obra que ofrecía el extranjero era anhelada y donde la abundancia era para todos; hoy, gracias a una mala elección que hicieron sus habitantes al elegir como presidente, a un exmilitar golpista con ideología socialista en el año 1998, tiene a ese paraíso tropical, convertido en un inferno de hambre y desesperación.
Cuando se pierde la esperanza y solo se observan nubarrones en el horizonte, no queda más que armarse de valor para abandonar su tierra, sus propiedades y su familia. El gran economista. Milton Friedman, llamó a esa decisión “la elección de los pies” Según lo presentado en la Plataforma de Coordinación de la ONU y la OIM para Migrantes y Refugiados Venezolanos, para diciembre del año 2020, más de 5.440.000 venezolanos habían migrado en búsqueda de un mendrugo de pan.
Según la plataforma Datosmacro, la población de Venezuela al cerrar el año 2019, era de 28.515.000 personas, lo que implica que la migración, es un grave problema para la viabilidad del país y sobre todo, porque la mayoría de los “caminantes” son personas en edad productiva, y en el país solo se quedan los que son muy viejos o muy jóvenes o están enganchados en el aparato de corrupción del Estado.
Colombia, debido a la vasta frontera que comparte con el país bolivariano, ha sido el principal receptor de migrantes. Según datos suministrados por el Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, para el 31 de enero pasado, el país contaba con un poco más de 1.7 millones de venezolanos distribuidos por todo el territorio nacional, de los cuales el 44% permanecían en condición de ilegalidad.
Para alivianar las penurias de esa población, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el pasado 8 de febrero, firmó un decreto en donde otorga a los ciudadanos venezolanos, un estatus legal de protección temporal por un período de 10 años; exactamente un mes después (8 de marzo) el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, otorgó un Estatus de Protección Temporal a los migrantes venezolanos por un período de 3 años.
Aunque ambos Estatus tienen buenas intenciones y son aplaudidos por la comunidad internacional gracias a su generosidad; tienen un problema muy difícil de controlar y es la retroactividad de los mismos, en donde ponen una fecha límite para adquirir los beneficios. Los venezolanos deben demostrar que están establecidos dentro de los territorios antes del 8 de febrero para el caso colombiano y antes del 8 de marzo para el caso Americano. ¿Quién garantiza que los ciudadanos que llegan posteriores a esas fechas, no digan que llegaron antes?, ¿Qué problemas vendrán a futuro, con los migrantes que aún en peores condiciones, lleguen a esos países posteriores a las fechas límites?
Éstos problemas son de orden práctico de aplicación de los decretos, pero, ese no es el único inconveniente, ya que ese estatus, también crea una responsabilidad para con los países que los reciben y así, aumentan el estrés en las cuentas fiscales de salud, educación y protección social.
El manejo de un país se hace desde lo racional, más que desde lo emocional, y para aplicar una medida de ésta índole, se le debería explicar a los ciudadanos de los países receptores, el tipo de esfuerzos que se verán comprometidos, y sobre todo para el caso colombiano, en donde sus finanzas están en cuidados intensivos, con las arcas de la nación vacías, el hueco fiscal por encima de 20 billones y el endeudamiento externo por encima del 60% en relación con el PIB.
La situación se debe manejar con “guantes de seda”, no sea que la desesperación de un pueblo pobre y sin empleo, como es el colombiano, debido a éste tipo de medidas, comiencen a ver a los hermanos venezolanos, como lo rivales a la hora de conseguir empleo y se cree una xenofobia que solo afecta el futuro de ambos países.