Pese a que en la pasada legislatura esta propuesta no prosperó y generó más revuelo que visto bueno, al querer buscar la regulación del porte de armas por parte de los ciudadanos en medio de la inseguridad que se vive en varias ciudades del país, su proponente, la congresista María Fernanda Cabal, junto con el representante a la Cámara Christian Garcés, dieron a conocer que nuevamente este proyecto fue radicado el pasado 23 de julio con miras a la legislatura 2021-2022 del Congreso.
A través de su página web, Cabal dio a conocer que esta iniciativa volverá a ser parte de trabajo de sus funciones ya que fue presentada nuevamente a petición de la ciudadanía.PUBLICIDAD
“En respuesta al deseo ciudadano de contar con herramientas legales que respalden la legítima defensa; los Congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, con el apoyo de varios miembros de la Bancada del Centro Democrático y otros Partidos, radicaron nuevamente el Proyecto de Ley que busca eliminar la figura del porte especial de armas, adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y cuyo efecto redujo las posibilidades de protección personal”, señala en el comunicado publicado en la página web de la senadora.
Asimismo, se conoció que los congresistas reiteraron que la intención no es armar a los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas; fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros para que las autoridades expidan permisos de tenencia y porte a la ciudadanía que opte por protegerse con un arma de corto alcance.
María Fernanda Cabal@MariaFdaCabalEn respuesta al deseo ciudadano de contar con herramientas legales que respalden la legítima defensa; junto al representante @ChriGarces, radicamos nuevamente el PL que busca eliminar la figura del porte especial de armas adoptada desde el gobierno Santos.
De la misma forma, los dos autores recordaron que con la radicación de este proyecto se atiende a la petición de miles de colombianos que se vieron afectados por la medida de porte especial.
Los congresistas argumentan que en el 2015 el expresidente Juan Manuel Santos redujo de forma significativa los permisos gracias a un decreto que puso mayores restricciones. El país pasó de tener 407.421 personas que portaban armas ese año, a 6.827 en 2016. En 2020, un total de 8.100 tenían permiso para el porte; mientras que más de 4,2 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos que se cometen tanto en zonas urbanas como rurales.
La idea es que en adelante el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual.
Según lo informado por la revista Semana, los congresistas también tienen sus estudios para justificar este proyecto. Indican que el Índice de Paz Global establece que los países más seguros son los que tienen regulada la posesión de armas de fuego por parte de sus ciudadanos, como Islandia, Nueva Zelanda o Portugal.
Otra de las recientes propuestas que ha dado a conocer la senadora fue que el Estado contrate colegios privados cuando los públicos sean de baja calidad, según la legisladora este proyecto de ley permitirá que los niños y adolescentes de escasos recursos tengan derechos a tener una educación de calidad, y a la vez mejorar los resultados y cifras de los estudiantes en las Pruebas Saber 11 y en la última medición de las Pruebas PISA.
De acuerdo con la senadora, su propuesta surge de la preocupación que ha generado a nivel nacional, los resultados de la Prueba Saber 11 y la última medición de las Pruebas PISA, donde a juicio de la congresista, ha quedado evidenciado que los establecimientos públicos de educación básica y media, no están ofreciendo educación de alta calidad, pues desde el 2015 el país ha visto una caída sistemática en la calidad educacional, mientras los colegios privados mejoran cada año.
“La baja calidad de la educación en Colombia rebasó sus límites. Los resultados en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos -PISA-, muestran la necesidad urgente de hacer cambios estructurales en la manera cómo se preparan nuestros niños para afrontar los retos de un mundo competitivo y global (…) Hay que romper el monopolio de FECODE que somete a millones de familias y las deja sin opción”, expresó.