El régimen de Maduro continúa implementando estrategias para evitar que la oposición controle el poder legislativo en Venezuela.

El Presidente recurrió a impugnar las elecciones de tres diputados ante el Tribunal Supremo, precisamente electo por el régimen con la actual Asamblea oficialista para evitar la participación de la oposición en la rama judicial del país. Como era de esperarse, el tribunal aceptó la impugnación, y por lo tanto, ahora debe decidir si los tres diputados pueden ocupar su escaño.

Además, en la noche de año nuevo el Tribunal Supremo aceptó 7 recursos para impugnar resultados electorales en tres Estados del país, implementando una medida cautelar para suspender la posesión de tres diputados opositores y un oficialista en el Estado de Amazonas.

El objetivo de estos recursos es que se ordene repetir las elecciones en las circunscripciones involucradas, con el fin de eliminar 10 escaños de la oposición. Lo anterior, complementado por el Parlamento Comunal que iniciaría a funcionar el lunes 4 de enero, un parlamento paralelo compuesto por representantes oficialistas para básicamente obstaculizar el trabajo de la oposición.

De esta manera, se podría mermar la súper mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional y, por lo tanto, minimizar la posibilidad de reformas o acciones en contra del régimen oficialista, teniendo en cuenta que la oposición ya ha anunciado que desarrollará una ley para liberar a los presos políticos del régimen y buscará las medidas constitucionales requeridas para acortar el periodo presidencial de Maduro.

Frente a esta medida, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) manifestó que no acatará el fallo y que se presentará en la Asamblea con el total de 112 diputados electos. Así mismo, denunciaron lo que llaman el “golpe de Estado judicial” a organismos internacionales.

De igual manera, han apelado a las Fuerzas Militares del país, por medio de una carta del dirigente del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, a la institución. En la comunicación solicitan que esta haga valer y respetar la «voluntad popular», refiriéndose a la elección de los diputados de oposición.