Por Lola Portela

No es un grupo de investigación universitario, tan de moda en esta época de acreditaciones académicas, tampoco es una nueva empresa, es una sigla que tendremos que ver por el resto de nuestros días y se trata de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo contenido estará en primicia de los medios, por largos días, porque el Congreso colombiano debe aprobar, “desaprobar o reformar” el contenido del mismo.

La Jurisdicción Especial para la Paz, se creó el 23 de septiembre de 2015, porque el Gobierno Nacional acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz para que ejerza funciones judiciales y sea parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Esa JEP también tiene unos claros y muy precisos objetivos: “Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.”

Y agrega: “Contribuir al logro de una paz estable y duradera”, debo decir que disiento de la frase: “paz estable y duradera”, tan usada en estos 2 años, porque para lograrla debemos trabajar mucho, como un gran equipo de reconstrucción social, asunto complejo, si reconocemos que somos una patria de polos y extremos, hasta en la ubicación geográfica, distancias políticas y económicas.  Lamentablemente, debo reconocer que Colombia sólo se une, en una sola bandera: frente a su selección de fútbol.

Y en aras de esa verdad, que no puede ser a medias, porque muchos la anhelamos, debe inquietarnos el tema de los secuestrados-desaparecidos por las Farc, pues es imposible ignorar el clamor de las familias colombianas y extranjeras que llevan años esperando a sus hijos, hermanos, esposos, padres. El dolor de las familias secuestradas por ese grupo guerrillero es uno solo, y es que cuando secuestran a un ser humano, secuestran a todos los seres que lo aman. Claro, el caso colombiano es atípico, ya que se llegó al horror de contar con un millón de personas secuestradas al año. Pido disculpas al lector, por repetir esta tenebrosa palabra: secuestro, pero no es correcto decir: retenidos, ni privados de su libertad, lo he dicho antes, hablemos claro: sin eufemismos, se dice secuestrados, sólo de esta forma precisaremos que es un delito muy grave para una sociedad y un país, que sueña con el progreso, a través del turismo, segundo renglón de la economía colombiana. Me duele entender que fueron tantos, y que poco o nada le importen a este país y a sus gobernantes.

Si la JEP dice tener entre sus principios el siguiente punto: “Centralidad de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En todas las actuaciones de la JEP se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido” Entonces ¿por qué no exigir, ahora mismo, la verdad sobre el paradero de los secuestrados desaparecidos?

Si hacemos memoria histórica, como le corresponde a mi gremio, en un comunicado a comienzos del 2012 y a pocos meses de iniciar las negociaciones con el Gobierno, las Farc se habían comprometido a no secuestrar, pero con los hechos ocurridos en los últimos 24 meses difieren de ese compromiso, porque según País Libre las Farc secuestraron a 61 personas, durante los diálogos, información de María Consuelo Jaüregui, directora de ésta fundación que, muy a mi pesar, desaparecerá porque llegó postconflicto.

Esa cifra es preocupante, si se suma a las personas que fueron secuestradas antes del proceso de paz, y de las cuales tampoco se tiene información sobre ellas. Y es que, entre civiles, miembros del Ejército, policías, civiles al servicio de Ejército y ganaderos, se registran en total 738 personas secuestradas

Colombia estamos en la hora JEP, por eso debemos exigir una respuesta: ¿dónde están esos 738 seres humanos?, que tienen un rostro, un nombre, una ciudadanía y por tanto derechos. Colombianos esa cifra equivale también a 738 familias secuestradas. Decir la verdad sería un gesto de compromiso de “paz estable y duradera” por parte de las Farc. Más aún porque en el punto “Condicionalidad” en el documento de la JEP dice:

“Condicionalidad: Para acceder a cualquier tratamiento especial previsto en la JEP es necesario reunir las condiciones que, sobre verdad, reparación y no repetición se establezcan en el SIVJRNR. En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos”.

La JEP, por estos días, es el tema en el Congreso, mientras las familias acuden a velas, promesas y oraciones porque esos 60 años de guerra terminen con la verdad. La verdad sobre el paradero de esos 738 secuestrados.