La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas en Colombia, encargada de política del estado colombiano, no cuenta hoy, con la jerarquía para realizar y garantizar la tarea que se le recomendó.
Así se deprende de la sesión de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la ley de víctimas, que este miércoles 16 de septiembre, analizó en la en el recinto de la Comisión Primera del Senado, la aplicación de esta iniciativa, que se elevó a ley en el año 2011, fruto de una amplia discusión dentro y fuera del Congreso..
Esta comisión es presidida desde el legislativo por el senador Juan Manuel Galán (Partido liberal) y tienen asiento sus colegas Doris Vega (Opción Ciudadana), Claudia López (Alianza Verde) y Hernán Andrade (Partido Conservador), también la integran la Procuraduría General de la Nación, la defensoría del Pueblo, la Contraloría y representantes de las víctimas.
De entrada, en la sesión de acuerdo al informe del Ministerio Público, para atender a las víctimas en el país hace falta 33.6 billones de pesos para garantizar los derechos de indemnización y vivienda consagrados en la ley.
“La proyección de gasto del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no tiene en cuenta la realidad y magnitud reciente del fenómeno de victimización producto del conflicto armado interno y tampoco corresponden a una reparación integral y trasformadora, según los estándares establecidos”, señaló uno de los aparte del informe de la Procuraduría expuesto en el recinto de la Comisión Primera del Senado.
Lo más preocupante –de acuerdo al Ministerio Público- es que a esta altura del año 2015 se encuentran pendientes por atender por parte de la Unidad Nacional de Víctimas 180.000 solicitudes. “La proyección que se adelantó en el 2011, con el propósito de financiar la ley, desbordó la realidad. En su momento, las víctimas alcanzaban los 4 millones d. Hoy, esa cifra se ha elevado a 7.3 millones”, dijo la titular de esta entidad Paula Gaviria.