Barranquilla septiembre 14 de 2015

Doctores

Alejandro Ordóñez Maldonado

Procurador General de la Nación

Edgardo Maya Villazón

Contralor General de la República

Bogotá D.C.

 

Apreciados doctores:

Como responsables de dos de los órganos de control más importantes de nuestro país, me dirijo a ustedes para exponerles una preocupación respecto de situaciones que vienen obstaculizando la cabal aplicación de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, de la cual fui autor y ponente en el honorable Congreso de la República de Colombia.

Con esta legislación se abrió paso en el país una nueva era en materia de energías alternativas o energías renovables, como bien lo señaló en la ciudad de Cartagena el día que la sancionó el señor Presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón

La ley 1715 de 2014 tumba barreras económicas de entrada a las tecnologías de generación a través de novedosos mecanismos que aprovechan nuestros recursos naturales sin afectarlos y expide incentivos para aquellos colombianos que decidan invertir en este tipo de opciones para sus inmuebles o su actividad productiva”.

El 2 de septiembre del año 2014, el actual Ministro de Minas y Energía doctor Tomás González dijo que el gobierno nacional estaba dispuesto a “promover la generación de fuentes no convencionales de energía renovable y gestiones eficientes de energía, mediante la expedición de lineamientos de política energética, regulación técnica y económica; además, de implementar un programa destinado a sustituir progresivamente la generación con diésel en las Zonas No Interconectadas con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y las emisiones de gases contaminantes”.

Es absolutamente claro que mediante esta Ley se declaran las energías renovables como asunto de utilidad pública, de interés social y de conveniencia nacional, dado el carácter substancial que tiene la utilización de estas fuentes no convencionales en la protección del medio ambiente y en el uso eficiente de la energía.

La Ley sancionada busca también establecer planes de actuación para fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no sean susceptibles de reutilización y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en Zonas No Interconectadas (ZNI), y el potencial de la geotermia y la energía solar.

El ámbito de aplicación de la ley cobija a todos los agentes públicos y privados que intervengan en la definición de políticas sectoriales en el desarrollo y el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el fomento da la gestión eficiente de la energía, y en la prestación del servicio de energía eléctrica y sus actividades complementarias conforme a lo dispuesto en las leyes 142 y143 de 1994 y demás normas complementarias

Pese a los beneficios e impacto positivo que la ley prevé, el Ministerio de Minas y Energía ha dejado vencer el plazo que se establecía en la norma para la expedición de los decretos reglamentarios de rigor, lo cual contrasta con la voluntad que en todo momento expresó el Ministro González.

Lo anterior me lleva a pensar que en el gobierno nacional hay un enemigo oculto de las energías limpias o renovables y creo que no me equivoco al señalar al doctor Carlos Fernando Eraso, actual Viceministro de Energía, como la persona que a espaldas de su jefe mueve los hilos de su influencia para favorecer a los miembros de la mafia de la hidroelectricidad en el país, a quienes no les gusta un ápice el desarrollo y reglamentación de la ley 1715, al punto que tengo entendido que desde el ministerio se pretende expedir una resolución sancionatoria contra empresarios que autogeneren electricidad.

No reglamentar la ley 1715 causa un enorme daño a Colombia y a los sectores productivos amigos del medio ambiente, así como a los proyectos de inversión que en el exterior aguardan las normas correspondientes. Por eso les pido encarecidamente que dentro de las competencias que les corresponden, investiguen ustedes qué ocurre con la reglamentación aludida e impongan los correctivos y sanciones a que hubiere lugar,