Con base en declaraciones de Don Berna, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema investigar al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez por una supuesta omisión en los casos de las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, departamento de Antioquia, el 25 de octubre de 1997. De acuerdo con los testimonios citados por la Fiscalía, en ese momento el Gobernador Uribe recibió notificaciones de autoridades locales sobre la presencia de militares, frente a lo cual se presume no tomó medidas preventivas de fondo. En dos ocasiones anteriores la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha compulsado copias para este caso.
El ex Presidente respondió 
en Twitter frente a esta noticia, “estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”, como sucedió con el hacker en las elecciones anteriores. Añadió “como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi Gbno, en calidad de testigo electoral en mi contra!”, afirmando que está inducido por la Fiscalía. Posteriormente, aclara que nunca hizo desviación de justicia, y que a diferencia del testimonio citado, él no fue a la Caucana, y sus movimientos no se hicieron en jeep, sino en helicóptero; además, en compañía del General Ospina, su hermano y el Director de la Policía del momento, entre otros. Según el ex Presidente, Vanoy confesó su responsabilidad en la masacre y al preguntarle por Uribe y su hermano, niega su participación; lo cual el Fiscal no incluyó en su reporte. Así mismo, afirma que el objetivo del Fiscal es desviar la atención de los contratos de la Fiscalía que han estado en el ojo público.
Sin embargo, ha habido respue
stas de distintas figuras políticas del país, entre las cuales se encuentra el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien afirmó que esta medida se debía tomar hace mucho tiempo. De acuerdo con él, “los helicópteros dependían del secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, el señor Moreno, que fue después asesinado, y en tierra el jefe de los paramilitares era el señor Villalba, que también fue asesinado.” Sin embargo, los testimonios base de la investigación continúan siendo aquellos de ex paramilitares.
Por su parte, el Director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, publicó un comunicado en el cual resalta que esta actuación del Fiscal demuestra la persecución política en contra de su partido en épocas de elecciones, y que algunos piensan que la paz se da encarcelando injustamente a un líder de oposición mientras se da participación política a la guerrilla.
Así mismo, el Procurador General, Alejandro Ordoñez, también condenó este suceso, afirmando la causa de esta solicitud es una exigencia de las FARC, y que siempre lo ha sido para firmar la paz. Resalta que su punto no es que no se puedan investigar hechos concretos, pero que se debe cuestionar cuando la motivación para hacerlo sea una solicitud del grupo guerrillero para vengarse de los que lo han combatido.
Comunicado del Centro Democrático
- El país ya tiene claro, y la comunidad internacional debe tenerlo también, que el Fiscal General, Eduardo Montealegre, es el perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia. Bajo su mando, la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en el brazo intimidatorio de la coalición política contraria al Centro Democrático.
- La justicia politizada de Colombia ha ido convirtiéndose en un factor ilegítimo de interferencia en los procesos democráticos, buscando siempre que sus actuaciones infundadas contra la oposición política coincidan con el ciclo electoral. Así fue con la condena contra Andrés Felipe Arias, con la captura injusta de Luis Alfredo Ramos y la infiltración de mi campaña presidencial. Ahora, con el anuncio de compulsar copias a la Corte Suprema en contra del senador Álvaro Uribe, queda en evidencia el intento desesperado de atajar al Centro Democrático en época de elecciones a cualquier precio.
- Se equivocan quienes creen que la “paz” consiste en encarcelar injustamente a Álvaro Uribe y a la dirigencia del Centro Democrático mientras se premia a los cabecillas de las Farc con curules parlamentarias. El país está dispuesto a hacer concesiones en aras de la paz, pero semejante bofetada al más mínimo sentido de justicia es inaceptable: quedaría comprobado que en Colombia el delito, y no el servicio a la comunidad desde la legalidad y la civilidad, es lo que paga.
