Este 12 de enero cuando los colombianos “despierten” del largo período de vacaciones, se encontrarán con la realidad que en el primer trimestre del 2016 se tendrá en la agenda pública la venta de ISAGEN, empresa generadora más gran del país, que en palabras del presidente Juan Manuel Santos no es un “activo estratégico para el estado”, bajo el argumento que los recursos que se obtengan generará mayor inversión social e infraestructura y vivienda.
Una tesis, que ha generado reacciones encontradas del sector empresarial, académico y político, y que además puede colocar al país” en un “abismo”, en materia de energía eléctrica. La razón. Si no hay sostenibilidad en el sector, Colombia podría pasarla “muy mal a futuro”.
Si se observa la energía es la que mueve el mundo. Con la energía se mueven máquinas, se genera calor frío al encender los aparatos. No es solo energía eléctrica. Soluciones como el gas natural, el vapor, las baterías entre otros, se constituyen como energéticos que en el presente y en el futuro son una gran oportunidad en el mercado. Más si se tiene en cuenta que Colombia hace parte del bloque económico Alianza del Pacífico.
Es decir, el tema de la energía como fuente de recursos para los países con costa en el Pacífico será fundamental, porque en la agenda de este bloque económico estará la distribución y comercialización de energéticos, la distribución de electricidad, la construcción de centrales de generación a pequeña escala y en diversas tecnologías, la consultoría en servicios y la eficiencia energética.
Lo más preocupante, es que en el plan de crecimiento de ISAGEN, quedaría a medio camino si se lleva a efecto la subasta por el activo de la empresa (en la participarán canadienses y chilenos). Estos pugnarían por adquirir el 57.61 por ciento de las acciones que tiene el Gobierno colombiano en la generadora de energía.
En vez de vender –como ha afirmado un sector del Partido Liberal y el Polo Democrático representados en Horacio serpa, Viviane Morales y Jorge Robledo – ISAGEN, esta puede y debe ser la solución de energía para un país que se edificará desde las regiones.
“Ya se dieron los primeros pasos en la definición de estos focos estratégicos. Lo que debe preocupar ahora al Jefe del Estado, es la construcción de nuevos negocios, que le permita a ISAGEN integrar el crecimiento del sector de manera transversal al desarrollo y las necesidades de un país.
Uno de los derechos que tienen los ciudadanos hoy, en un país de 48 millones de habitantes (con 7 millones de connacionales en el exterior) es salvaguardar su patrimonio. Uno de ellos, es la fuente de energía. Más si se tiene en cuenta que en el año 2005 ISAGEN se adhirió al Pacto Global, al tiempo que en el 2007 oficializó su trabajo frente al respeto y promoción de los derechos humanos e ingreso al Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos.
Es ilógico que mientras el Gobierno del Presidente Santos afirma que la paz se construirá en las regiones, anuncie la venta de ISAGEN –privatización-, si se analiza que las empresas estatales tienen el compromiso de operar alrededor de la paz.
ISAGEN tiene entre sus principios rectores la aplicación de la línea de derechos Humanos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Está vinculada a Business For Peace (BAP), una plataforma creada en el 2013 para apoyar la puesta en marcha de acciones que promuevan la paz».
Así las cosas, si se vende ISAGEN – Colombia y los colombianos se quedarían sin una de sus mejores empresas- se abrirían serios interrogantes en torno al servicio de energía, en un país donde el potencial hidroeléctrico es inmenso y quedaría sin sustento la presencia de la empresa en la Red Colombia de Business For Peace, desde donde se ha compartido con otras naciones del mundo los avances, los retos y el aprendizaje en materia de apoyo a iniciativas de paz. 
Es cierto, que bajo una visión empresarial es más rentable operar en un país en paz que en un país en conflicto, pero lo que sí es cierto es que si se venden sus acciones a canadienses o chilenos, se perdería un gran activo y el desarrollo sostenible de un país que debe construirse desde las regiones y con una política de Estado frente a sus recursos naturales. Sería la gran equivocación del Gobierno Santos, que le quedan poco menos de 3 años de mandato.