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¿JAQUE MATE A LA JUSTICIA COLOMBIANA?

Escrito por Politika 2
Por Lola Portela
Si el traslado de Santrich a la casa del episcopado no fue consultado con la Fiscalía estamos frente a un Estado que demuestra internacionalmente su débil justicia y su falta de compromiso frente a las normas internacionales que hacen esfuerzos contra el flagelo del narcotráfico.
Es imposible creer en el poder del director del Inpec, quien según fuentes de la Fiscalía, previo al traslado de Jesús Santrich, líder del partido FARC, a la casa Caminos de Libertad, en Bogotá, el señor director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Luis Ramírez, sólo le envió una comunicación al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informándole que lo haría aplicando sus facultades legales para hacer el traslado a un lugar especial.
Como quien dice: jaque mate a la justicia colombiana y a las pruebas de la DEA. Tal parece que las investigaciones y pruebas por narcotráfico en contra del señor Jesús Santrich, no son importantes para el señor general Jorge Luis Ramírez y, en este caso, para él vale más la petición de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal.
Tal parece que el exguerrillero, integrante del naciente partido político FARC, luego de su detención por narcotráfico, cumplirá ya un mes desde que inició una huelga de hambre. Y según dicen, a punta de agua se ha mantenido vivo y, salvo unas pastillas que toma para la epilepsia, no ha recibido nada más que pueda garantizar su supervivencia. Preocupados por su situación, el exministro Álvaro Leyva y el congresista del Polo Iván Cepeda —muy cercanos a las conversaciones de La Habana— le enviaron una carta al exguerrillero para pedirle que detenga su protesta. “Viva para construir más paz; aún le falta andar para poder dormir por toda la eternidad”, señalan en parte de la misiva.
Sin embargo, todo indica que Santrich no cederá, pues tal parece que es de los que prefiere morir antes de ser condenado en una cárcel estadounidense, destino que tendría por su posible extradición, una decisión que tendrá que tomar el próximo presidente de Colombia.
Es muy válido recordar que hay un Acuerdo y el punto 4 de lo pactado en Cuba, se titula “Solución al problema de las drogas ilícitas”, y fija por escrito el compromiso que asumieron los excombatientes de las Farc de contribuir de manera efectiva a enfrentar dicha problemática. Ello implicaba poner fin a toda relación que pudiera seguir involucrando a los reinsertados con el negocio ilícito del narcotráfico. Por eso, cuando se conoció que Santrich estaba presuntamente planeando el envío de una importante cantidad de cocaína a los Estados Unidos —con el apoyo del cartel de Sinaloa—, la noticia nos cayó como un baldado de agua fría a quienes creímos en el Acuerdo de Paz. Y para los que No, fue un motivo más para proponer modificaciones sustanciales al mismo.
Desde ese momento el debate sobre si Jesús Santrich debe ser o no extraditado ha sido candente, más aún porque los delitos por los cuales las autoridades estadounidenses quieren procesarlo se habrían cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. ¿Qué dicen los textos de paz? En primer lugar, que cuando se produzca una solicitud de extradición, corresponderá a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP evaluar la conducta y luego “remitirla a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”.
El debate lo han amañado, lo han empantanado y pretenden confundir a la opinión pública porque involucran el riesgo de no reparar a las víctimas si se extradita a Santrich, cuando es claro que no es excluyente esa medida con el hecho de responder ante las autoridades que lo requieran desde otro país. Él, como desmovilizado, está en la obligación de decir la verdad, la Fiscalía por su parte debe validar las pruebas que tiene en contra del detenido. Y de ser necesario debe pagar sus deudas en donde corresponda.
Es claro también el miedo que le tienen, quienes infringen la ley, a la justicia y a las cárceles de los Estados Unidos. En Colombia tenemos la experiencia de Carlos Léder quien, por el mismo delito de narcotráfico, lleva más de tres décadas en una de ellas. Y casi una década sin recibir visitas ni de su familia.
Lo que sorprende es que estamos frente a un traslado arbitrario, por ser una decisión unipersonal; no consultada entre los organismos que hacen parte de la impartición de justicia. Y con ello la imagen internacional del país está nuevamente en vilo, dado que es fundamental la cooperación internacional. No olvidemos que esto garantiza la reparación administrativa de las víctimas. Aunque esos dineros también se encuentran enredados porque sin duda aquí la corrupción es por todos lados.
En cuanto a Santrich seguramente debe saber que, de ser extraditado, no le alcanzará la vida para regresar a Colombia a responder por los crímenes que le queden pendientes. Aunque en realidad creo que la mayoría de los jefes exguerrilleros debe considerar que, con su firma, “borrón y olvido”.
Para los colombianos es tan valiosa la paz que hasta nos dividió; muchas de las mismas víctimas directas de este conflicto, que no acaba aún, aceptaron esa posición de perdón. Otras sólo piden la verdad y otras sueñan con que tengan justicia. Esta última hoy sé que nunca la veremos en este país donde la justicia simplemente se la pasan por la faja.
Ojalá Colombia tuviera verdaderas cárceles de seguridad, sin privilegios y comodidades, porque en realidad el hacinamiento sólo es para los pobres, sin influencias, para seres que la sociedad ignora y simplemente mueren en el anonimato, sin que nadie defienda ni sus derechos humanos.
Como lo he dicho antes, los Acuerdos son claros y con los reincidentes debe haber mano firme. Y en cuanto a quienes cometan delitos en el exterior deben ser juzgados bajo las reglas de extradición actuales. Como dijo algún candidato “no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda categoría”. Infortunadamente sí los tenemos y la justicia colombiana está en jaque.

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