La Fiscalía decidió abrir noticia criminal para determinar cómo fueron invertidos los dineros destinados al pago de las UPC y los presupuestos entregados a las entidades para tecnología y otros servicios.
Luego del informe que se conoció por parte de la Contraloría frente al manejo de los recursos públicos de las EPS, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de estos dineros en algunas entidades.
Este anuncio se da luego de la reunión entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el vicecontralor en funciones de contralor General de la República Carlos Zuluaga y el defensor del Pueblo,
Así las cosas, el ente acusador ordenó la conformación de un Equipo Especial Conjunto de fiscales, expertos y peritos de las Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que adelante esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación, UPC, por parte de algunas EPS.
La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría acordaron trabajar articuladamente en defensa de los recursos de la salud, para empezar, por iniciativa de la Fiscalía en la definición de las rutas del dinero y sus respectivos usos.
Vale mencionar que esto ocurre luego de que en informe, la Contraloría advirtiera que 18 EPS habrían desviado recursos destinados para la salud de la Unidad de Pago por Capitación, UPC entre 2020 y 2021, en rubros que no tienen que ver con la atención. Se trata de unos 9 billones de pesos.
Según lo evidenciado en la auditoría, 18 EPS de las 26 que hay en Colombia habrían desviado 9 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Hay que recordar que dichos recursos son asignados por el Gobierno nacional a esas empresas para administrar y prestar el servicio de atención en salud.
Según Cambio, en el dicho informe se detalla que las EPS hubo anticipos girados a sus propias clínicas y hospitales que forman parte de la llamada integración vertical. Además, se aprobaron millonarios pagos para esas IPS que no correspondían con los servicios que se habían prestado.
