Columna de Cristina Plazas

Mucho se ha hablado sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la cadena perpetua para violadores. He sido una defensora acérrima de esta condena. Incluso voté positivamente en el Concejo de Bogotá por los muros de la infancia, proyecto también declarado inconstitucional por esta corte. Para ellos, los derechos de los violadores siempre priman. Creo firmemente en que los abusadores de niños no merecen una gota de compasión y que indudablemente deben morir en una cárcel, no solamente como castigo por este crimen inhumano e imperdonable, sino porque al estar libres ponen en riesgo a la sociedad en pleno.

No pretendo enfrascarme en la discusión sobre la conveniencia o no de la cadena perpetua. Considero que esta pelea de vieja data nos está alejando de lo importante: ¿Qué hacer para que los niños dejen de ser abusados sexualmente? ¿Qué acciones se deben tomar para que la justicia opere y que la impunidad de este delito deje de ser una maldita realidad? Me referiré a esta última.

El Presidente Duque ha dicho que este es uno de sus proyectos bandera y criticó fuertemente la posición de la corte reiterando que seguirá luchando por conseguirlo incluso a través de un referendo. ¿Valdrá la pena seguir luchando por esto cuando en Colombia la ley contempla la pena máxima de 60 años? Lo que necesitamos es que se aplique la norma y que no se otorguen beneficios a estos monstruos.

¿Por qué el presidente no convocó de inmediato una reunión de urgencia con ICBF, Policía, Ministerio de Justicia y Hacienda y Fiscalía para establecer un plan de acción para que la justicia opere y los violadores no sigan en la calle? Si el gobierno quiere que haya castigo real para estos depredadores, debería destinar recursos para que la Policía, ICBF, jueces y Fiscalía creen un grupo especializado y judicialicen a todos estos criminales. Aclaro, el poder judicial es el responsable de esta debacle, pero, como es un tema bandera para el Presidente, debería liderar la solución para esta realidad criminal y revictimizante.

Hoy, la impunidad frente a este crimen es del 95%, demostrando que para el poder judicial los niños son invisibles. Un ejemplo es el caso de Sergio Torres, excandidato al Concejo de Bogotá por el Partido Verde, que luego de tres años no se ha resuelto. Este violador fue capturado el 16 de mayo de 2018 y fue dejado en libertad por vencimiento de términos luego de varias maniobras dilatorias. ¿Cuántos niños están en peligro con este personaje en la calle? Si este, que es un caso mediático, no se ha resuelto, me aterra pensar en aquellos quienes no tienen quien alce la voz por ellos.

Las cifras continúan subiendo; en Colombia cada dos horas violan a un niño. Esto quiere decir que mientras usted está leyendo esta columna, un niño está siendo abusado y la sociedad cruzada de manos. ¡LOS NIÑOS EN ESTE PAIS NO IMPORTAN!