El alto tribunal ordenó al presidente Iván Duque su inmediata suspensión.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El alto tribunal ordenó al presidente Iván Duque su inmediata suspensión.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente de la República, Iván Duque, suspender del cargo al actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Gnecco, condenado a 61 meses y 16 días de prisión por delitos electorales.

En la sentencia, la Corte concedió la detención domiciliaria del mandatario seccional, teniendo en cuenta que siempre se presentó a las audiencias que se desarrollaron en medio del proceso.

La Corte también ordenó al Consejo Superior de la Judicatura cobrarle al gobernador la multa económica impuesta, que asciende a 301 salarios mínimos legales vigentes.

Los hechos por los que fue condenado sucedieron durante su campaña política en el 2011, cuando se comprometió a no desalojar a 800 personas que invadían un predio en Valledupar a cambio de votos a su favor para llegar a la Gobernación, para el periodo 2012-2015.

La Corte señaló que, al comprar votos a su favor, el Gobernador afectó la autonomía de los electores y los mecanismos de participación democrática que están en la Constitución del país.

“Desnaturalizó la libertad del voto, no solo de los líderes firmantes del acuerdo sino el de toda una población, afectándose la autonomía personal de los electores, cuya finalidad corruptora derivó en que a través de esa promesa su propósito fue el de obtener su apoyo”, señaló.

Actualmente, Monsalvo enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría por denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de mercados destinados a familias vulnerables en época de pandemia por la COVID-19.

En medio de esa investigación disciplinaria, la Procuraduría solicitó suspender la liquidación de 37 contratos por más de $14 mil millones para ayudas por el Covid-19.

Esos contratos se firmaron para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria.

En dicha investigación, la Procuraduría comprobó que las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del César, “que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado, por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia”.