La Fiscalía General de la Nación solicitó hoy un paquete de medidas urgentes e inmediatas de protección para frenar el grave daño a los recursos naturales, a la vida y economía de los pobladores aledaños al proyecto Hidroituango, luego de que inspecciones judiciales permitieron evidenciar cuatro riesgos inminentes sobre el río Cauca, producto de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica.
De acuerdo con los investigadores, sobre el río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia), se pudo constatar la invasión de buchón, una planta acuática que crece en zonas en las que el agua no corre con suficiente fluidez y bloquea los rayos del sol, lo que elimina los procesos básicos para que se desarrolle la vida dentro del agua en las partes afectadas por la presencia de la planta, lo que afecta la calidad de vida acuática y la navegabilidad.
Por esta razón, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le solicitó a un juez de control de garantías que se adopte como medida cautelar la implementación inmediata de un plan de choque para la recolección del buchón de agua que cubre un corredor de cerca de 8.5 kilómetros del río Cauca.
Igualmente, urgió el cierre técnico de de la planta de asfalto, así como la recolección y disposición inmediata y técnica de los residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos que hay en el agua y que disminuyen su calidad, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los habitantes.
Las inspecciones realizadas también permitieron evidenciar que en el sitio denominado como El Hormigón las rocas y el lodo extraídos del proyecto fueron dispuestos sobre una pendiente y amenazan en la actualidad con desprenderse, lo que motivó al fiscal a pedir la estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas superficies en la escombrera y cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental.
Martínez Neira también pidió medidas inmediatas para mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Taraza, Caucasia y demás municipios que sustentan la pesca, principal actividad económica de los pobladores del río Cauca.
Finalmente, el fiscal aseguró que “la imposición de medidas urgentes e inmediatas están encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la sostenibilidad alimentaria, el medio ambiente y la salubridad pública de cerca de 60 mil habitantes de Sabanalarga, Puerto Valdivia, Toledo, Valle del Toledo e Ituango (Antioquia), que están en el área de influencia de Hidroituango”.
