Discrepo de la opinión que expresó recientemente en el diario El Tiempo el exministro, Carlos Caballero Argáez, cuando supone que es muy fácil que columnistas, gremios y políticos hagamos populismo con los temas del sector energético.

Por lo menos en mi caso considero que es irresponsable aprovecharse de esas materias para cosechar imagen, o enardecer a la oposición de un gobierno, o movilizar a la gente corriendo el riesgo de alterar el orden público con consecuencias impredecibles.

Tampoco creo que los gremios privados de la producción u otras organizaciones de la sociedad civil, se pongan a ejercer populismo cuando lo que está en juego con una crisis energética es el futuro de la economía y de la estabilidad social.

En conclusión, si bien han abundado en los últimos meses pronunciamientos y reclamos respecto del sistema eléctrico y la escasez de gas natural – particularmente en lo que toca a la Costa Caribe colombiana – no es precisamente por populismo sino por defender los intereses de más de ocho millones de habitantes que no pueden darse el lujo de soportar un nuevo apagón. Eso es extensivo para el resto del país. Con lo que ocurrió a finales del siglo pasado es suficiente.

Ahora resulta que por una constancia que un grupo de senadores firmó en reciente plenaria de la corporación, se nos quiere enjuiciar injustamente cuando lo único que hicimos fue apoyar la propuesta gubernamental de reajustar temporalmente las tarifas del servicio de energía para evitarle al país un nuevo apagón eléctrico y conjurar un recorte en el presupuesto de inversión social del año 2016.

En una declaración conjunta con el Senador Efraín Cepeda Sarabia dije que “esto no significa que suspendamos nuestra tarea de control político; lo que hacemos es comprender la posición del Ministerio de Minas y Energía respecto de la urgente necesidad de mantener el servicio eléctrico y para ello hay que proveer varios miles de millones de pesos que no están disponibles” en las arcas públicas nacionales.

Sostuvimos que “desde el punto de las prioridades, entendemos que es mejor llamar a los colombianos, especialmente a los sectores más pudientes de la población, a aportar una dosis de sacrificio temporal para no tener que suspender la construcción de escuelas, hospitales, los subsidios a los desfavorecidos y otros programas sociales que se verían afectados si los dineros de los vulnerables se toman para evitar el apagón eléctrico”.

Al mismo tiempo le hemos exigido a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Creg que le expliquen al país en qué se invirtieron los 7.800 millones de dólares que los usuarios pagamos por concepto del cargo por confiabilidad durante los últimos 9 años.

Que a nadie le que quepa duda que seguiremos gestionando que las tarifas del gas natural sigan atadas a la fórmula del West Texas Intermidate, WTI. Creemos que la decisión de la Creg en los próximos 10 días será en ese sentido.

Debo insistir en que lo fundamental es salvar al país de un apagón que puede costar cerca de dos puntos del PIB Nacional, lo que significaría cerrar empresas y acabar con miles de empleos. Es lo que lleva a pensar en una medida transitoria de reajuste tarifario mientras pasa el Fenómeno de El Niño y se esfuma definitivamente el fantasma del apagón.

Me reafirmo en que las alzas previstas son provisionales y sirven para evitar una crisis mayor que afecte a los usuarios residenciales y a los sectores productivos de manera desmedida. Por eso firmamos la constancia, lejos de algún ánimo populista o controversial.

De tal manera que se considera una razón de mucho peso para que se haya firmado la constancia en el Senado de la República, de apoyo a una fórmula que deja mucho más beneficios que perjuicios para el país. En ese contexto también respaldamos la decisión de la Superservicios de intervenir Termocandelaria, para no poner en riesgo el suministro de energía eléctrica a los colombianos.