Hoy miércoles se anunció la captura de alias “El flaco”, Edwin Alfonso Rodríguez, sicario miembro del grupo antirestitución y supuesto integrante del Frente 22 de la guerrilla. Entre las investigaciones pendientes que tiene se encuentra el asesinato de Isaa Olmos Cabrera, líder reclamante de restitución de tierras.
Esto ocurre en medio de la preocupación manifestada por la Corte Constitucional y Amnistía Internacional (AI) sobre el lento (y “deficiente” de acuerdo con AI) proceso de restitución de tierras en el país a víctimas de desplazamiento por amenazas de grupos armados.
El día de hoy Amnistía Internacional reportó en su informe” Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz. Los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, que aproximadamente el 14% del territorio colombiano (8 mil hectáreas) han sido adquiridas ilegalmente o por causa abandono. De acuerdo con el informe, el programa de restitución de tierras y las leyes pertinentes son demasiado demoradas, no benefician a comunidades indígenas o afrodescendientes y que incluso pueden promover la continuación del usufructo ilegal de la tierra.
Al respecto, Aministía Internaiconal afirma que “Sin embargo, Amnistía Internacional ha subrayado que algunos aspectos de la Ley 1448 y su aplicación pueden, en ciertos casos, facilitar de hecho que quienes están en posesión de tierras adquiridas ilegalmente consigan la tenencia legal sobre ellas. Otras disposiciones legales promovidas por el gobierno también amenazan con menoscabar aún más el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la propiedad colectiva de sus territorios. Por ejemplo, la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de 2015, amenaza con legitimar las apropiaciones de tierras al facilitar la continuidad de la explotación del potencial económico de tierras adquiridas indebidamente”.
Así mismo, se plantea que “el número de personas que reclaman la restitución de sus tierras que han podido regresar o conseguir la propiedad legal de esas tierras ha sido relativamente escaso, y las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar”. Aclaran que ningún proceso de paz es útil sin que las personas gocen de sus derechos y tengan acceso a sus tierras.
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Por su parte, con base en la sentencia de la Corte Constitucional como respuesta a una tutela establecida por un padre de familia que había sido desplazado por amenazas de paramilitares, lo que llevó a su solicitud de reubicación, la alta Corte manifestó al Gobierno la necesidad de revisar el programa de restitución de tierras y criticó al Incoder por demoras en la oficialización y entrega de predios, afirmando que estas vulneran los derechos fundamentales de las víctimas sobre la restitución.
De acuerdo con el fallo, estas personas están en condiciones de vulnerabilidad y es necesaria una mayor celeridad para su protección. En este sentido, el Incoder debe apoyar en la reubicación de 12 familias indígenas que fueron desplazadas, pero además el Estado debe ser consciente que: “La restitución de tierras no puede limitarse a la simple entrega de una porción del suelo. El pueblo campesino, al igual que los diferentes grupos étnicos que habitan el territorio nacional, trabajan y viven de la tierra. Para ellos, su territorio es mucho más que el lugar donde está construida su vivienda. Razón por la cual, los predios que se les adjudiquen deben cumplir con unas condiciones mínimas de habitabilidad, vocación productiva y acceso a servicios públicos”.
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