Por: Alfonso Camerano

Han sido décadas de deforestación por explotación ilícita de arenas y piedra, a la vista de alcaldes, policía nacional, Agencia Nacional Minera, MinAmbiente, fiscalía y sector privado de la Construcción, que vienen a parar en las obras civiles de capitales y cabeceras.

Las Alcaldías de los municipios del departamento del Atlántico han autorizado indiscriminadamente la explotación minera artesanal en sus territorios rurales, permitiendo el uso de maquinaria amarilla pesada y volquetas cargadas de material descuajado a la tierra virgen, prohibida por el Código de Minas y sancionada penalmente, por ser conducta típica contra las reservas naturales, perseguible policivamente, de oficio, por el procedimiento de flagrancia y el señalado en el Código Nacional de Policía y Convivencia, artículos 96 y 97 de la ley 1801 de 2016..

La Agencia Nacional Minera con sede en Cartagena y Bogota es una tronera de alcahuetería que ha facilitado la destrucción de bosques y con ello, las fuentes de aguas y sus cauces naturales.

Las Licencias Ambientales no han sido obstáculo para el ejercicio de esta
minería ilícita, contando o no con estas autorizaciones, operan en todo el territorio del Atlántico como “Pedro por su casa”.

Así tipifica nuestra legislación penal la conducta de explotación ilícita de yacimiento minero:

“Artículo 338. EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES. El que sin permiso de autoridad competente o con cumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a cincuenta mil (50.000).”
 
Al lado de este cuadro que viven los
municipios de la ribera del Río Magdalena, explotados para abastecer el mercado de “arena mambo”, tan reclamada por el sector privado de la construcción, el desastre forestal es más agresivo en el sector rural de Sabanalarga, Luruaco. Baranoa, Tubara, Juan de Acosta, Piojo, Puerto Colombia.

En esa línea, fue el Peculado del Corredor Portuario e el que se tragó la canalización del Caño de La Ahuyama

La inundación de los barrios Rebolo, La Luz, La Chinita, es el resultado de la desviación de los recursos públicos, destinados a la canalización del Caño de La Ahuyama, pero aplicados a la obra pública del Corredor Portuario, que cobra una poderosa firma particular, por 30 años de concesión.

El Distrito de Barranquilla, con la complicidad de la Triple A, saturó el Arroyo León con aguas negras y servidas de la PTAR del Pueblito, convirtiéndola en el depósito de fenoles de todo el suroccidente..

Al colmar la PTAR con el detritus de las Malvinas, la Manga, La Paz, Los Olivos, y demás, sumando las escorrentías de este invierno atípico, desbordaron y regaron las tierras de baja en su segmento medio y final, ubicado entre el frente del club Lagos del Caujaral, y la Ciénaga del Rincón hasta la ciénaga de Mallorquin, que son humedales sobre los cuales los Curadores Urbanos entregaron Licencias de Construcción de manera irresponsable, confluyendo la corrupción de las autoridades urbanísticas de Barranquilla a las del sector turístico del departamento.

Detrás de este tsunami de corrupcion se encuentra el sector privado, ávido de enriquecimiento, sin respetar el medio ambiente, al que ha violentado el cauce ancestral de las aguas escorrentías, que hoy se las cobra, echando mano al soborno a las autoridades de planeacion, instrumentando los Planes de Ordenamiento Territorial, o pagando a precios irrisorios las tierras de la conurbación, como hizo el contratista de la vía al mar con la ampliación de la doble calzada, y en la llamada “segunda Circunvalar”, que echó cemento a la tierra, en fin somos víctimas del contubernio punible de publicos y privados, ansiosos de enriquecimiento fácil.

A Piojó, a Rebolo, a la vía al mar, a nuestros municipios olvidados, les cayó encima “El Cerritio” de la Corrupción.