La jefa de cartera del Gobierno de Colombia, María Victoria Angulo, será indagada por la Procuraduría junto a otros personajes por presunto favorecimiento ilícito a una empresa de alimentos en Bogotá

Antes de acabarse el 2021, la Procuraduría General de la Nación aprovechó para anunciar que investigará a la ministra de Educación, del Gobierno de Colombia, María Victoria Angulo. Sin embargo, esta indagación no es nueva, dado que está abierta desde marzo del 2020 y tiene que ver con un contrato en el que la hoy funcionaria del gobierno de Iván Duque fungía como secretaria de Educación (2016-2018) en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, en Bogotá.

Todo se debe a varias irregularidades que funcionarios del Ministerio Público, encabezado por la procuradora Margarita Cabello, encontraron en un contrato que suscribió la Secretaría de Educación en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se habrían hecho una serie de cambios sin justificación técnica, y que hoy tienen a Angulo bajo la mira de la Procuraduría.

Sin embargo, no solamente la ministra Angulo será investigada, sino también María Margarita Zuleta González, exdirectora y funcionaria de la Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente, quien estaría involucrada en el contrato que buscaba adquirir más de 690.000 refrigerios escolares en colegios de Bogotá.La Ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció este martes las acciones que se adelantarán para garantizar la continuidad de los procesos educativos en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior.La Ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció este martes las acciones que se adelantarán para garantizar la continuidad de los procesos educativos en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior.

El millonario monto por el que María Victoria Angulo y otros varios personajes deberán responder ante la Procuraduría es de 446 mil millones que le permitirían a varios niños capitalinos tener refrigerios durante 18 meses. Sin embargo, las modificaciones antes citadas, habrían dificultado el cometido.

En esa línea, la Procuraduría dio a conocer que otros funcionarios del Distrito, así como de la Agencia antes citada, también estarán bajo la lupa de la entidad. Estos son: Camilo Andrés Gutiérrez Silva, funcionario de la Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente y Juan David Vélez Bolívar y Edwin Giovanny Rodríguez García, que trabajan como funcionarios en la Secretaría de Educación que dirigía en ese entonces la hoy ministra de Educación nacional.

La denuncia se dio a conocer, mediante el edicto de la Procuraduría, por investigaciones reveladas por el abogado Cesar Hernando Pastás, quien era defensa de la Industria de Alimentos SAS, que buscaba la licitación para entregar 700 mil refrigerios. Sin embargo, el contrato se le dieron a otra entidad llamada Frutas y Alimentos de Colombia SAS, y a quien el abogado asegura que el Distrito quiso beneficiar entregándoles la licitación.

De hecho, el litigante denunció “hechos y omisiones sobre acuerdos restrictivos de competencia” y por eso argumentó los motivos por los que investigan a la hoy ministra y a los demás personajes citados:

“Industria de Alimentos Daza SAS participó activamente como interesado en el proceso de licitación, sin embargo, cuando Colombia Compra Eficiente publicó el pliego definitivo de condiciones, desistió de participar puesto que los precios propuestos por la entidad compradora no correspondían a la realidad del mercado y en caso de haberlo aceptado habría constituido un acto lesivo contra sus intereses, capaz de lesionar gravemente su patrimonio”, se señala en la queja.

Ahora, la Procuraduría analizará todo el material probatorio que posiblemente incrimine a la ministra de Duque, y a los demás funcionarios, por lo que, de encontrarlos culpables, deberán enfrentarse a un juicio disciplinario.

Para ello, el Ministerio Público ordenó presentar pruebas, entre ellas las certificaciones que verifiquen quienes hacían parte del Comité Evaluador que escogía a las compañías con las que el Distrito hacía convenios en ese entonces. “En estas se indicará el cargo desempeñado, manual de funciones, tipo de vinculación, fecha de ingreso y de retiro (si lo hubiere), última dirección registrada y número telefónico”, señaló la Procuraduría, donde también exigen pasados laborales y disciplinarios internos de los involucrados.

Por ahora, la ministra María Victoria Ángulo, ni el presidente Iván Duque se han pronunciado al respecto.

iNFOBAE