Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Asociación Colombiana de Veedurías Ciudadanas (Aso-Red).

La unidad investigativa de Aso Red descubrió que, como resultado de la inspección general de los órganos de control, la realidad ejecutoriada del POI obligante del quinquenio 2015-2019, del contrato del acueducto y alcantarillado de Montería, presenta un faltante de obras ejecutoriadas por un valor que supera los 59 mil millones de pesos.
Los órganos de control demostraron la ilegalidad del otrosí No 09 de 2014, aprobado y firmado por el Alcalde Carlos Eduardo Correa Escaff, actual Minambiente, por legalizarle al concesionario el incumplimiento del POI del quinquenio 2010-2014, en más de 40 mil millones de pesos; sin embargo, no le impuso multa respectiva por incumplimiento financiero, y aun así le prorrogó el contrato de concesión por 10 años más; además, se burló y sustituyó la Ley 142 de servicios Públicos, puesto que pactó el reajuste de tarifas anuales por proyección hasta el 2030, según consta en el anexo 03 del otrosí No 09 de 2014, violando la disposición de la superintendencia SPD, que lo exige en su cálculo por formula específica quinquenal, en base al cumplimiento del POI respectivo. Asimismo, autorizó atar el pago de los honorarios de la interventoría Consulcor a (SMMLV), lo que implica un reajuste de 420 %, con lo cual viola la Ley 80 de 1993 en su artículo 40, pues no puede ser mayor del 50 %.
Igualmente, incluyó el nuevo ítem: Limpieza de canales por 22 mil millones de pesos y amplió la vigencia a 15 años, ítem que no existía en el contrato primigenio y de mayor cuantía, pero que apesar de no ser un servicio público domiciliario, fue considerado como obra sustituta, hoy revocada en su conceptuación y prohibida por la norma RAS 2017.
Cuando un contrato del orden Municipal, de prestación de servicios públicos domiciliarios, viola la respectiva ley que lo regula, este se convierte en ilegal, y si adicional viola la Ley 80 de 1993, se tipifica una conducta delictiva debidamente proyectada en detrimento de la población civil usuaria del servicio concesionado y del patrimonio económico del Municipio de Montería.
En enero del 2020, se tipificó el incumplimiento del contrato de concesión, puesto que a fecha de 31 de diciembre de 2019 no se ejecutaron las obras del POI obligante 2015-2019, por valor mayor a los 50 mil millones de pesos, y aun así el Concesionario Veolia S.A. E.S.P., reajusto su estructura tarifaria en febrero del 2020 en más de 7 %.
El incumplimiento de las obras obligantes a ejecutar antes del 31 de diciembre de 2019, se hizo tan físicamente notorio, por limitaciones de servicios concesionados y exagerados cobros, en etapa de pandemia critica (marzo-noviembre), del 2020, que obligó a la intervención de la Procuraduría General de la Nación, derivando su investigación preliminar en el control de advertencia al municipio de Montería, de fecha 01 de octubre de 2020, donde se discriminó a su fecha el estado contractual de las 3 PTAR, líneas de impulsión, tanque de almacenamiento y otros componentes exigidos para la correcta operación del sistema de acueducto y alcantarillado concesionado para la Ciudad de Montería, donde él porcentaje de ejecución del POI obligante no alcanzaba al 20% de lo contratado en el otrosí No 09 de 2014.
Lo crítico de esta situación es que el concesionario y el Municipio de Montería, cada uno en su función administrativa, han cohonestado y tolerado dicho incumplimiento en detrimento del patrimonio
económico de este municipio, pero sin embargo no se ve por ningún lado la actuación de la Procuraduría General de la Nación.
El otrosí N° 09 de diciembre de 2014 establece que el concesionario se compromete para con el municipio a cumplir con los nuevos indicadores en las fechas señaladas y obligaciones.
Hay evidencias de que el ítem porcentaje de reposición y/o rehabilitación de redes de acueducto dentro del cual el concesionario se comprometió que al finalizar el año 2019 debió haber repuesto y/o rehabilitado un 60% de las redes de acueducto operativas recibidas al principio de la concesión.
Lo antes enunciado, que afecta directamente el costo/m3 del servicio básico de acueducto, según fórmula respectiva, amerita la intervención de la Superintendencia SPD, en defensa del usuario, puesto que el contratante y la Contraloría Municipal no lo hicieron en defensa del Municipio de Montería, a pesar del incumplimiento de los términos del contrato primigenio.
El único sector de la ciudad de Montería que tenía el servicio simultáneo acueducto/alcantarillado sanitario, es el Nor-Oriental de esta capital, que se habilitó desde 1986 con la construcción por las EPMM, de la PTAR NOR-ORIENTAL, que en el año 2000, al inicio de operaciones de la concesión ya tenía 15 años de construida, captando el efluente de más de 12.000 usuarios, de los estratos 4, 5, y 6, sector con un extraordinario crecimiento urbano/habitacional, preceptuado por el POT- 2000, mayor del 5% anual, debido a la densificación urbana del sector generada por la altura de los multifamiliares, que para el año 2012, ya eran más de 22 mil usuarios, lo que induce al colapso operacional de la PTAR Nor-Oriental, por el operativo diario de más de 10 mil m3/día, de carga contaminada con Fecales, Coliformes y baja DBO5, pues no podía cumplir el parámetro obligante de remoción de carga mayor del 80%.

Esta crítica situación sanitaria obligó a que Incoder le revocara el permiso de vertimiento vigente desde 1986, sobre el canal de drenaje Ranchos del Inat, por contaminación del distrito de riego de Mocarí, aguas debajo de los humedales que intercepta el drenaje en humedales de Cerete, San Carlos, Ciénaga de Oro, la Ciénaga grande de Lorica y San Bernardo del Viento, contaminando más de 50 mil hectáreas de tierra de explotación agrícola y ganadera.
Ante esta crítica situación sanitaria/ambiental, que debió ser presupuestada por el concesionario, este decide unilateralmente empezar a verter el efluente de la PTAR Nor-Oriental, en el año 2012, directamente sobre el Rio Sinú, en la calle 57, de más de 350 LPS, que equivalen a más de 30 mil m3/día, contaminados con fecales y coliformes, lo que obligó a la CAR-CVS, a generar el Auto No 11227 de 28 de agosto de 2019, por vertimientos sin permiso PSMV.
El Auto cita una cronología desde el 2010 hasta el 2019, de eventos técnicos, administrativos y ambientales que tipifican la violación de toda la normatividad ambiental requerida en la RAS 2000, RAS 2017 y la resolución No 0531 de 2015, por vertimientos ilegales sin permiso PSMV.

La Interventoría Consulcor debió actuar en cumplimiento de sus funciones obligantes exigidas por la Ley 80 de 1993, pero no solicitó al Municipio de Montería la imposición de la multa de liquidación del contrato, por los vertimientos sobre el Rio Sinú, desde el 2012, sin permiso PSMV, que alteraron drásticamente el mapa de riesgo sanitario de las fuentes superficiales de Montería, por convertir al río Sinú en una cloaca sanitaria que recepciona más de 35 mil m3/día de carga contaminante con Fecales y Coliformes, equivalentes a un millón de m3/mes de descarga contaminante aguas abajo de Montería, según consta con el plano de riesgo sanitario.
No hay explicación alguna para que el alcalde de turno no hubiera cancelado, por justa causa, el respectivo contrato, dado que los vertimientos sin permiso PSMV, que se encentraban vigentes en 2020, cuando el contrato primigenio exigía a esa fecha un superávit de tratamiento de aguas residuales de todo el sistema del 10% del volumen máximo diario de aguas servidas, y en contraposición presenta déficit operativo total desde el año 2012, tipificando un fracaso absoluto en las políticas sanitarias del Municipio de Montería, puesto que en el 2020, estaban vigentes dos puntos de vertimientos directos sobre el río Sinú sin permiso PSMV, que tipifican delito ambiental por violación de la Resolución No 0631 de 2015.

Es inaudito que la CAR-CVS que, desde el años 2012 conocía los vertimientos sin permiso PSMV, la apertura del Auto No 11227 de 28 de agosto de 2019, y a fecha de agosto del 2020, ha permitido que el concesionario continúe incumpliendo todo lo dispuesto en el contrato, a pesar de que el Auto no ha sido cerrado con la resolución sancionatoria por contaminación ambiental de la fuente hídrica río Sinú y su injerencia sanitaria en las captaciones de los acueductos de los Municipios de Cerete, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, tipificando un delito ambiental de magnitud departamental, con afectación directa en áreas destinadas a agricultura y ganadería extensiva en más de 50 mil hectáreas de terreno.
Por todo lo antes enunciado y por el extenso catálogo de incumplimientos por parte Veolia, se demuestra la presunta confabulación de todos los actores en contra de los intereses y patrimonio económico y ambiental del Municipio de Montería, cada uno dentro de su jurisdicción y competencia, como son: La Interventoría Consulcor, los Alcaldes de Montería, la Contraloría Municipal de Montería y la CAR-CVS.

Ek defensor del pueblo de pronuncio hoy desde Montería


Defensoría del Pueblo@DefensoriaCol
·1/4 El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita al relleno sanitario Loma Grande de la ciudad de Montería, en el cual se disponen los residuos de 18 municipios, con el fin de verificar, en compañía de un equipo técnico de la Entidad, algunas quejas ciudadanas.


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·1/4 El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita al relleno sanitario Loma Grande de la ciudad de Montería, en el cual se disponen los residuos de 18 municipios, con el fin de verificar, en compañía de un equipo técnico de la Entidad, algunas quejas ciudadanas.


Defensoría del Pueblo@DefensoriaCol
·En respuesta a @DefensoriaCol«Esta es una situación alarmante teniendo en cuenta el carácter tóxico de este tipo de vertimientos y la cercanía a animales de pastoreo y cultivos de arroz y plátano», puntualizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.