Con ocasión del aniversario de la muerte de Álvaro Gómez hace 20 años el próximo 2 de enero, sus familiares han realizado declaraciones manifestando el asesinato del líder político como un crimen de Estado, cuyos responsables son Horacio Serpa (ministro de Gobierno) y Ernesto Samper, causado por su férrea oposición al régimen. Los objetivos de los familiares parecen ser establecer el asesinato como crimen de lesa humanidad, al igual que aclarar la responsabilidad del Gobierno del momento bajo la figura de hechos sistemáticos de los homicidios del proceso 8.000.
El año pasado el Fiscal Montealegre estableció dos soluciones frente a la impunidad del crimen, continuar la investigación y dar alguna respuesta para este aniversario o llevar el caso a tribunales internacionales.
Estas declaraciones han generado un gran descontento en Samper y Serpa, a quienes la justicia no ha podido vincular con pruebas al crimen. De acuerdo con estas figuras políticas el asesinato fue un intento de la derecha de desestabilizar al régimen de la época, y que las declaraciones de los familiares de Álvaro Gómez obstaculizan la investigación en curso, «torciendo la verdad». Por tal motivo, anunciaron que los van a denunciar para “que se averigüen las razones por las cuales estas personas insisten irresponsablemente en desencaminar la investigación propalando falsedades a las que se ofrece mayor eco que a las evidencias del proceso y valiosas declaraciones de personas ajenas al círculo familiar que han demostrado todo lo contrario”. De esta manera, solicitarán a la justicia investigar y aclarar el caso.
