En algún momento tenía que estallar este vergonzoso escándalo de corrupción con los dineros del Plan de Alimentación Escolar, PAE, que moverá más de 4 billones de pesos a 2018 en departamentos y municipios colombianos, bajo la administración del Ministerio de Educación Nacional.

Los primeros indicios se dieron con las muertes que han ocurrido en el departamento de La Guajira, y luego con los productos contaminados que se distribuían en el Chocó, pero la joya de la corona resultó ser un informe de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico, que confirmó lo mal que andaba el PAE en nuestra tierra. A excepción del municipio de Santa Lucía, en donde ha venido operando de buena forma.

En Colombia el Programa de Alimentación Escolar opera en las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC). Para el 2015 se definieron 2 modalidades: una con operación centralizada desde el Ministerio de Educación Nacional y la otra Descentralizada, en la que las ETC asumen la ejecución. Durante el 2013 y 2014, existió una tercera modalidad, en la cual se contó con el apoyo del ICBF para operar a través de un Convenio Interadministrativo, algunas de las ETC.

La semana pasada, durante una visita al municipio de Puerto Colombia, la Ministra de Educación Gina Parody, acompañada del señor Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le puso el cascabel al gato y dio por terminado los contratos suscritos para los departamentos de Atlántico y Bolívar, al igual que el de la Fundación Kabala del Cesar, todo por una cifra del orden de los 27 mil millones de pesos.

La Unión Temporal Alimentar la integran la ONG Fundaenlace y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica), que través de su representante Alejandro Hernández firmó el respectivo contrato con el Viceministro Luis Enrique García.

La responsable de supervisar estos dos contratos en el Ministerio de Educación Nacional, era la Subdirectora de Permanencia Martha Elena Herrera Cifuentes, quien aparentemente lanzó las alertas del caso para que esa cartera conjuntamente con la Defensoría del Pueblo adelantara la investigación que se divulgó recientemente sobre el PAE en 13 municipios de los departamentos de Atlántico, Chocó y La Guajira, y otros de Bolívar.

El diario El Tiempo en su edición del domingo 16 de agosto de este año, publicó dos interesantes trabajos periodísticos que daban cuenta del mapa de la corrupción que maneja los planes de alimentación escolar en el país y los contratistas a través de los cuales se mueven miles de millones de pesos para la entrega de raciones contaminadas, incompletas y en mal estado muchas veces.

En muchas de mis columnas y trinos, desde hace algún tiempo he venido denunciando situaciones anómalas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y La Guajira, amén de lo que ocurre en el Chocó y otras latitudes, relacionadas con las deficiencias de la alimentación escolar y otros programas administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me complace ahora que el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

El domingo 16 de agosto, expedí una declaración en la que decía que Colombia debe y tiene que reaccionar con energía frente a esa inmisericorde corrupción. A renglón seguido el Presidente Juan Manuel Santos no vaciló en pedir que cayera todo el peso de la ley sobre quienes se roban los dineros del PAE.

Si unos organismos de control han hecho lo de su competencia, tienen la información a la mano, y se han identificado contratistas y sectores políticos inescrupulosos, ahora esperamos que la Fiscalía General de la Nación actúe dentro de lo que le corresponde porque el país quiere ver juzgados, condenados y encerrados a quienes cometen uno de los crímenes más graves en los que se puede incurrir contra el futuro del país: nuestros niños y niñas. Más injusto aún si se trata de una población en condición de vulnerabilidad.

Una interventoría contratada con la Universidad de Antioquia muestra cerca de 54 mil hallazgos pequeños y grandes en el concierto nacional, de los cuales 27 mil son de tipo técnico, 11.500 responden a pésimas condiciones de infraestructura y 4.578 se conectan con deficiencias respecto de la gestión social y la participación ciudadana en tareas de control y supervisión.

En el caso del Atlántico, la Secretaría de Salud departamental dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos de 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, encontrando contaminación en más del 70 por ciento de ellos por presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias.

La Gobernación del Atlántico no puede lavarse las manos y mucho menos su Secretario de Educación, Carlos Prasca, quien debería retirarse para responder ante las autoridades competentes, así como también declinar su candidatura a la Rectoría de la Universidad del Atlántico.