Por *Darío Martinez Betancourt

Bobbio define el poder “como la capacidad de un sujeto de incluir, condicionar y determinar el comportamiento de otro individuo…”. Ese poder es público cuando lo ejerce el Estado. Para que este se estructure como tal, se necesita además el territorio y el pueblo. El poder estatal se convierte en poder jurídico a través del derecho. Para ser obedecido debe tener legitimidad democrática y moral, participando en su conformación todo ciudadano mediante elecciones transparentes, no manipuladas directa o indirectamente por los factores delincuenciales del poder, quienes desde la oscuridad financian las campañas políticas, ejecutando conductas punibles como el cohecho, la concusión, el peculado, la celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, asociación para delinquir, etc., etc. La democracia se transfigura en delitocracia.

Todo poder así logrado, carece de causa y objeto lícitos. Se atenta en materia grave contra los fines esenciales del Estado. El interés general y el bien común son desplazados por el provecho indebido de unas minorías que recorren senderos tortuosos y acumulan mayores privilegios.

La conciencia colectiva parece que despierta indignada ante los escándalos de corrupción que se denuncian diariamente. El caso Odebrecht, desbordó el vaso de la paciencia social del país. Ojala se sacudan los cimientos institucionales, muchos de ellos gangrenados que deben ser removidos. Le corresponde a los medios de comunicación y a las redes sociales, seguir cumpliendo la tarea de guardianes de la ética pública denunciando e investigando.

Se necesita estado ético, estado pueblo que acaben con el amoralismo y la “dimensión demoniaca del poder”.  No pueden seguir separando lo político de lo moral sin principios pre establecidos y sin consecuencias. El solo medir la política por los resultados, sin consideraciones morales de los medios, ha conducido a la Nación a la pérdida de confianza institucional. La expresión de la voluntad general viciada deslegitima el poder público y desvanece el fundamento jurídico del Estado. Hoy más que nunca es necesario demostrar que el “Estado somos todos nosotros” y que la autoridad no se puede construir sobre lo prohibido por la ley en contravía de la moral social.

Sin apego al pseudo idealismo moral o al moralismo abstracto, ni al concepto de la moral ligada a la ideología de la clase dominante, se debe aspirar a una eticidad político – social, en aras de la moralización del Estado desde una óptica moral y democrática. “La moral no puede ser plenamente realizada al nivel colectivo más que por el Estado” (ética y política. Aranguren). Si toda la estructura estatal esta permeada por la corrupción desde hace mucho tiempo, le corresponde al pueblo depositario de la soberanía popular, levantar la cabeza.

*Ex Senador de la República.