Darío Martinez Betancourt

El Proyecto de Reforma Constitucional que crea una Comisión Legislativa Especial para la Paz, en el fondo persigue para ganar tiempo, que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara funjan como Cámara única, dando primer debate a los proyectos, objetivo que sería más fácil lograr si se aprueba el mensaje de urgencia y se incluyen las sesiones extraordinarias para tramitar actos legislativos. Este mensaje obliga a sesiones conjuntas de las mencionadas comisiones y, con insistencia del Presidente de la República, da prelación a los proyectos en el orden del día y excluye la consideración de cualquier otro asunto. La decisión debe adoptarse en 30 días o en otro plazo que fije el Congreso. Así, quedaría sin valor jurídico la prohibición impuesta por la jurisprudencia constitucional. De esta forma, se preserva el sistema bicameral y la competencia exclusiva que tiene el Congreso de reformar la Constitución.

No se entiende, cómo el proyecto deja la decisión final de la Paz en manos de la Corte Constitucional, a sabiendas que el Presidente de la República, como Jefe de Estado y Jefe del Gobierno es el directo responsable del manejo del Proceso de Paz. La suerte de éste, no puede y no debe quedar sometida a la neo – hermenéutica jurídica de una institución que no tiene origen popular, no posee ninguna clase de control, es omnímoda y ha dado bandazos peligrosos para la seguridad jurídica, sin ninguna autorregulación, sustituyendo a veces al legislador positivo y hasta el constituyente originario y derivado.

Es hora, por lo menos transitoriamente y para los efectos precisos de avanzar en la consecución de la paz, de delimitar el control constitucional. Que lo ejerza la Corte, pero sólo por vicios de procedimiento en la formación de los actos modificatorios de la Constitución y de las leyes que apruebe el Congreso. En una materia tan delicada, importante y excepcional como la paz, se deben proscribir algunos esguinces interpretativos de la Corte como los llamados “vicios de competencia”, para evitar que controle el contenido material de las reformas constitucionales. Una sentencia de inexequibilidad acabaría con el anhelo de paz de los colombianos. El puntillazo final de la paz, que es un acto político, no puede quedar bajo la total y absoluta responsabilidad del examen jurídico de cinco jueces que hacen la mayoría en la Corte, por más que las decisiones las adoptare por unanimidad y menos, cuando algunos togados están deslegitimados y manchados.