Por Henry Amorocho Moreno

Nuestro País enfrenta un cúmulo de retos de naturaleza estructural y coyuntural en materia económica y hacendística. Entre ellos destacan: un alto desempleo de (10.5%) de la población económicamente activa; un moderado e inercial crecimiento de la economía en 2019, cercano al 3.0% del PIB; un creciente déficit externo, considerado como el más alto de la región (4.1% del PIB); y la pérdida de credibilidad que el país viene acumulando con entidades multilaterales como el FMI, y con calificadoras de riesgo como Fitch, por la manera en la que se presentaron las proyecciones fiscales consignadas en el marco fiscal de mediano plazo.

Los hechos precedentes mantienen sumida a nuestra nación en un océano de inefectividad en la administración de la hacienda pública. Han motivado actuaciones poco ortodoxas y presumiblemente ilegales en 2 proyectos de ley, en los que se terminaron desnudando fuertes debilidades en el esquema de planificación económica y financiera del Estado, estos son: ley de financiamiento y el plan de desarrollo 2019-2022. Estas leyes fueron fuente de equívoco refugio jurídico para su expedición, y se tradujeron en normas contrarias a la dinámica de lo económico. Han sido sustentadas en la inoportuna generación de tributos originados con bas

e en la ley del plan de desarrollo; que, según lo establece el artículo 339 constitucional, no es para decretar tributos sino para establecer una ruta estratégica de lo que será la política pública gubernamental y las inversiones públicas en el período de gobierno. Sin embargo, y pese a lo advertido, la ley del plan cuatrienal de desarrollo originó el impuesto a las transacciones de inmuebles del 2%, que terminó afectando al alicaído sector de la construcción y a la generación de empleo en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, otras variables que contribuyen al crecimiento del desempleo son: el bajo comportamiento del crecimiento del consumo privado, el bajo crecimiento del sector de la industria y el no muy buen trato recibido por el sector agrícola en materia de inversión pública y de apoyo financiero del Estado a la política pública agropecuaria en el último cuatrienio. Con relación al flagelo del desempleo, el Señor Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sorprendió al país al manifestar que no encuentra un claro diagnóstico de la desocupación laboral; también insistió y reiteró que el gobierno no tiene certeza de las causas del desempleo, ni de las medidas apropiadas para corregirlo. El hecho que esté bajando la tasa global de participación laboral, unido a un estancamiento de la oferta de empleo, y con un registro de aumento en la producción igual al del año 2018; genera alta confusión y obliga a un análisis profundo y pormenorizado de la problemática del crecimiento del desempleo en Colombia.  

Por otra parte, la inclusión de un cúmulo de incentivos tributarios sin un agresivo plan exportador de la denominada “economía naranja”, viene inquietando a las calificadoras de riesgo. Preocupa el tema de cómo se va a recuperar fiscalmente lo que se dejará de percibir por beneficios tributarios en materia de IVA, carbono, gasolina; así como por la tarifa del cero por ciento en impuesto de renta por espacio de 7 años, a las empresas que generen un mínimo de puestos de trabajo, y que también inviertan en industrias creativas y culturales de cara a la internacionalización y a la economía naranja. Es decir, para la calificadora de riesgo Fitch, es tema de alta preocupación lograr cubrir el déficit fiscal de 3.1% del PIB en el 2020, con un crecimiento económico que en el 2019 va a estar cerca al 3.0%, y con una economía transitando por niveles de desempleo de 2 dígitos, que aún no se logra constituir en garantía para la recuperación de la demanda agregada.

Guardando consonancia con todo lo anterior, es urgente priorizar la reactivación de la economía y el mejoramiento de la dinámica del aparato productivo nacional. Ello, con el objeto de impulsar la generación de nuevo empleo; darle la claridad que requieren las cuentas fiscales de corto, mediano, y largo plazo; y mejorar los niveles de credibilidad con entidades multilaterales y calificadoras de riesgo. De la misma manera, recomiendo al gobierno nacional no pensar más en la venta parcial de Ecopetrol y de ISA, como fuente generadora de recursos inmediatos por ingresos de capital; porque son recursos que realmente demoran más de 5 meses para realizarse, además de ser una insensatez económica vender parte de la petrolera más importante de Latinoamérica y de una de las empresas más rentables de Colombia como ISA.

Finalmente, el Estado Colombiano lo que tiene que pensar es en el trámite de 2 reformas estructurales, una en materia tributaria y otra en materia pensional. Esto implica dejar de lado soluciones desesperadas, como pensar en incluir como ingreso corriente la venta de activos. Pues ello, como lo ha dicho la calificadora de riesgo FITCH, colocaría a Colombia ad portas de una descertificación del grado de inversión, lo que produciría graves consecuencias sobre el encarecimiento del crédito para las familias y el país. En resumen, lo que se debe hacer es ir a la acción y dejar tanta cortina de humo mediática que le quita tiempo a lo importante. Así mismo, debemos recordar que los líderes no se maduran de manera improvisada en el corto plazo, sino que trazan con buena anticipación en años, incluso en décadas. En este sentido, los pormenores de una acertada dirección económica del estado, deben regirse por sesudos esquemas de planificación como los que Takeshita utilizó en el Japón en los últimos 70 años de vida económica.               

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