China está consciente sobre los riesgos de ataques terroristas en su territorio, por lo cual se encuentra preparando su primer ley antiterrorista que se encuentra en borrador.

El tema es que el país asiático ha sufrido atentados previamente, particularmente desde la región de Xinjiang, de mayoría musulmana pertenecientes a la etnia uigur. Entre estos se encuentra un ataque con cuchillos en la estación de tren en la ciudad de Kunming, el cual dejó 30 muertos.

De acuerdo con el Gobierno, este grupo étnico busca la independencia de la zona, y se encuentra vinculado a Daesh (E.I.), y presuntamente se han unido a combatir en las filas del grupo yihadista.

No obstante, parece ser que el el impulso a la ley en el país que siempre se había mantenido al margen de la problemática del terrorismo, la dio el asesinato del primer rehén chino por Estado Islámico, al igual que la muerte de 3 ciudadanos en el atentado en Bamako, Mali.

Como en otros países, esta ley genera el debate entre priorizar la seguridad y la privacidad. Y es que este proyecto ha sido criticado tanto por ONG como empresarios y Gobiernos extranjeros, debido a los fuertes controles sobre medios de comunicación que contempla la norma.

De acuerdo con fuentes oficiales el documento se encuentra avanzado y su aprobación se podría dar inclusive a finales de este año.

Entre los temas controversiales de la norma se encuentran su amplio alcance y las medidas que contemplan, que en realidad implican que la población debe confiar en el Gobierno para que no viole sus libertades individuales.

En este sentido, en la norma se define terrorismo como «cualquier proposición o actividad que, por medio de violencia, sabotaje o amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales y amenaza a los organismos gubernamentales e internacionales con objetivos políticos e ideológicos».

Esto ha sido criticado por William Nee, de Amnistía Internacional, quien afirma que con esta definición se puede categorizar como terrorismo cualquier acción de disenso con el Gobierno.

 «La definición de terrorismo y extremismo en esta ley es muy vaga. Un comportamiento considerado extremista podría incluir cualquier crítica a las políticas, normas y reglamentos oficiales. El proyecto podría dar a las autoridades más herramientas para censurar la información no deseada y criminalizar a aquellos ciudadanos chinos que informen sobre incidentes terroristas. Como acabamos de ver en el juicio contra Pu Zhiqiang, las autoridades están dispuestas a perseguir penalmente a cualquier persona que se atreva a cuestionar la guerra contra el terrorismo o las políticas hacia las minorías étnicas», afirmó.

Así mismo, esta legislación obligaría a las empresas de tecnología tanto a mantener sus servidores en el país como entregar información privada de usuarios al Gobierno sin pasar por los requerimientos legales,.

Frente a esto, Adam Dunnet, secretario general de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China manifestó: «estamos preocupados porque estas restricciones impedirían tanto a las empresas chinas como a las extranjeras que operan en el país acceder a los sistemas de información más innovadores y competitivos».

Además, la ley prohíbe tanto a individuos u organizaciones fabriacr y difundir información «sobre incidentes o que publique detalles de actividades terroristas que puedan conducir a su imitación», censurando efectivamente a los medios y a la sociedad en redes sociales.

No obstante, el Gobierno sostiene que estas medidas son esenciales «por el creciente uso del ciberespacio a la hora de planear y llevar a cabo ataques».

La mayor preocupación es el uso de los datos de los usuarios que viola las libertades individuales, pero de acuerdo con fuentes oficiales esto es un mal necesario, e incluso este mismo debate se da en EE.UU., haciendo clara referencia a los documentos publicados por Edward Snowden que demuestran la vigilancia a ciudadanos del país americano.