El martes la Cámara de Representantes votó con 96 votos (frente a 45 en contra) el aval de acusación en contra del magistrado Jorge Pretelt por concusión. Lo anterior debido a la presunta coima de $500 millones que solicitó para influenciar el fallo de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol, lo que le hubiese ahorrado en condena $22.500 millones a la empresa (ver Plenaria de la Cámara decidirá sobre acusación a Pretelt).
La última persona en haber enfrentado un proceso de este nivel fue el General Rojas Pinilla, a quien se le quitaron los derechos políticos, pero posteriormente le fueron devueltos por la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior dado que la investigación en contra del ex presidente Samper por el proceso 8.000 precluyó.
A pesar de la incertidumbre y demora en el tema, al igual que las recusaciones presentadas por Abelardo de la Espriella, su abogado, la Cámara afirmó el juicio político al magistrado.
La acusación fue presentada por Julian Bedoya en septiembre, planteando en el auto que «desde el momento en que se hizo pública la denuncia formulada en contra de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, los cargos imputados al magistrado han tenido como consecuencia el deterioro de la imagen de la Rama Judicial en general, y de la Corte Constitucional en particular». La acusación se fundamenta no en evidencias de que el magistrado haya recibido el dinero, sino en que la solicitud de este sí se dio.
Esta votación enfrentó obstáculos tanto por maniobras de la defensa como por la falta de voluntad de los parlamentarios, no obstante, con la declaración del Fiscal General Montealegre – quien afirmó podía denunciar a la Cámara por prevaricato si no tomaban una decisión antes de finalizar las sesiones – el proceso se volvió a mover.
Actualmente se encuentran también en proceso judicial el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el abogado Víctor Pacheco, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, trataron de sobornar a Pretelt para el fallo.
Pretelt trinó que el Congreso“irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso”.
Así mismo, De la Espriella, afirmó que todo el proceso es un “linchamiento sin precedentes en la historia judicial de Colombia”. Resaltó que se violó el procedimiento debido a que no le dejaron intervenir, no se resolvieron las nulidades, y votaron representantes que habían prejuzgado al magistrado. Afirmó “pudo más la mermelada y las amenazas, esto es el poder legislativo sometido y arrodillado”.
Tras esta aprobación de la Cámara, su presidente debe enviar la acusación al Senado, a la Comisión de Instrucción. Un senador debe estudiarla y generar una resolución de aceptación o rechazo.
En caso de ser aceptada el Presidente del Senado la recibe y debe convocar la plenaria en el trascurso de 5 días, lo que llevaría a la suspensión del magistrado de su cargo y al juicio político como tal. La sentencia se lograría con 2/3 de los votos.