Por Lola Portela
Tras el fallo que condenó a 14 años 7 meses al gobernador electo Manuel Antonio Carebilla, hoy el verde Amazonas se viste de colores, de carnaval electoral, pues varios candidatos que buscaban un Aval para ser candidatos al Congreso de la República, ahora hacen campaña para ser su reemplazo en la Gobernación.
Sin embargo, lo que no pueden ignoran es que ese departamento está en la mira de los entes de control contra la corrupción. Es decir que asaltar las arcas del erario público ya no será tan fácil, como lo han hecho por décadas en nuestro lejano Amazonas. De no haber sido así tendríamos un departamento próspero.
En ese contexto, por estos días, ha sonado mucho el caso de Manuel Antonio Carebilla, pues logró concentrar con más atención a la Corte Suprema de Justicia. Y ese foco se debe no solo por las graves denuncias en su contra por convertir su UTL del Congreso en un negocio particular, sino porque su abogado defensor fue el extraditable Gustavo Moreno.
La Corte Suprema de Justicia, con ponencia de Eyder Patiño, decidió condenarlo por la corrupción que abanderó desde la Cámara de Representantes, razón por la cual deberá pagar 14 años y 7 meses de prisión. También deberá pagar 648 salarios mínimos de multa y $ 611 millones por indemnización de perjuicios.
Deberá responder por los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
La defensa del hoy exgobernador Carebilla había pedido su libertad argumentando que ya había cumplido un año detenido en La Picota sin que le fuera definida su situación, pero la Corte respondió que no aplicaba el vencimiento de la medida de aseguramiento, porque según una ley que aprobó el Congreso el año pasado (Ley 1786), este beneficio no cubre a ciudadanos que cometan delitos relacionados con corrupción, como en este caso, según señala el auto de la Corte Suprema de Justicia:
“En el caso presente es claro que tres de los delitos juzgados en este asunto –cohecho impropio, peculado por apropiación y concusión- son ilícitos contra la administración pública, los cuales constituyen actos de corrupción”. En palabras castizas la Corte encontró a Manuel Antonio Carebilla culpable de corrupción porque como congresista convirtió su UTL en un negocio. El alto tribunal lo señala como un “mercader” de la Unidad de Trabajo Legislativo a su cargo, la cual fue usada como una empresa cuyo único objetivo fue su propio lucro.
Este largo proceso judicial mantuvo en vilo la política local, su partido Cambio Radical y, seguramente sin quererlo, perjudicó el desarrollo de su región. Ahora lo que sigue para el Amazonas es dispendioso, pero necesario:
- Para llegar a las elecciones, y reemplazar al gobernador Carebilla, primero el Ministerio del Interior debe designará un gobernador encargado. Por lo general en estos casos se envía a un funcionario nacional que genere neutralidad mientras se expide un nuevo decreto que convoque a las elecciones.
- Un mes después se fija por decreto la necesidad de nuevas elecciones. Los que se vayan a inscribir tendrán, a partir de entonces, 15 días para ir a la Registraduría y oficializar sus aspiraciones.
- Cerradas las inscripciones pasarán 40 días para ir a las urnas. Por eso en Amazonas se cree que tentativamente que tendrán nuevo gobernador a finales de enero. Esto no ha impedido que desde ya el ambiente se esté calentando para llegar al primer puesto del departamento.
Éste puesto es apetecido, por muchos, porque representa la oportunidad de liderar y resolver las necesidades de más de 75 mil habitantes, con un presupuesto anual de más de $272.028 millones (Fuente: DPS).
Por lo mismo, Amazonas merece un gobernador preparado y sensible a las necesidades de su gente, un ser capaz de potencializar ese presupuesto para resolver la crisis de gobernabilidad que en julio de este año llegó a oídos del Congreso. Una crisis social que tristemente se compara con la de Guajira.
Sin gobernador en propiedad la inversión del Gobierno Nacional en el departamento se ha distorsionado, como quien dice: ha tomado caminos desconocidos, pues es claro que sí ha entrado dinero. Ese presupuesto ($272.028 millones), según la misma fuente, se concentra en los sectores de Transporte, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía y Trabajo. Sin embargo, la realidad está lejos de ese ingreso.
Por ejemplo el agua que llega a las casas de Leticia, uno de los dos municipios que tiene Amazonas, “no es apta para el consumo humano”, según las muestras que tiene el Instituto Nacional de Salud. Además, la cobertura es de apenas el 60 por ciento, y la continuidad en el servicio es intermitente.
Fuera de eso, las aguas negras de la red de alcantarillado no tienen ningún tratamiento y se vierten directamente al río Amazonas, que día tras día se convierte en la cloaca del sector. En materia de salud el Hospital San Rafael, el único que tiene el departamento, está en crisis financiera, demostrada; ya ni cuenta con su personal calificado, porque “no hay para pagar”, como tampoco hay para medicamentos, ni para responderle las deudas con las a las IPS o EPS del departamento. La población es trasladada a la capital colombiana, y en muchos casos el viaje es sin regreso a su tierra natal.
La educación en Amazonas es otro de los temas álgidos por resolver. La calidad escolar está lejos de estar al nivel de las principales ciudades colombianas, por lo cual los jóvenes que logran terminar su bachillerato, no tienen opción de ingresar fácilmente a las universidades, tanto por su nivel académico, como por su situación financiera, además el retraso en tecnología educativa del Amazonas es abismal. Unido a esto la infraestructura de los colegios públicos es vergonzosa. El programa Ser Pilo Paga, no es de fácil alcance en regiones como nuestro Amazonas y otros departamentos. De primera mano, sé que la administración departamental con el acompañamiento del equipo asesor del representante Rafael Elizalde Gómez se empeñaron en lograr el desahogo de más de 14.000 millones de pesos para Educación, en el 2016, provenientes del Fonpet – Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Sin embargo, vale la pena que el pueblo se pregunte ¿dónde está ese dinero?, ¿qué obras hicieron con él?
Por todo lo anterior, quien logre llegar a la Gobernación del Amazonas tendrá menos de 2 años, después del empalme, para tratar de solucionar estos graves problemas, entre otros. Poco tiempo, si se tiene en cuenta que para hacerlo bien se requiere de un empalme serio, para entender en qué y cómo queda la casa de gobierno departamental y cada una de sus dependencias con sus problemáticas.
