La historia es increíble. Dos magistrados de la Sala Laboral mantienen, prácticamente, bloqueada la elección de los nuevos Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de los magistrados Rigoberto Echeverry Bueno, hoy presidente de la sala de casación laboral, y quien fuera magistrado auxiliar del cuestionado exmagistrado  y presidente de esa corporación Francisco Ricaurte, hoy detenido en la cárcel La Picota.

El segundo magistrado es Gerardo Botero, de la misma sala, quien hoy funge como Presidente encargado de la Corte y que fue escogido por orden alfabético. Cuando se designó a Francisco Acuña Vizcaya, como el primer Presidente encargado,  Botero envió una carta diciendo que no estaba de acuerdo con el mecanismo utilizado. Acuña renunció  y “oh sorpresa” el que seguía en la lista del orden alfabético era Gerardo Botero,  quien sí aceptó el encargo y ahora está atornillado en la Presidencia de la corporación, desde donde lidera una dura lucha por el poder.

Se dice en los pasillos de la Corte que ellos dos conforman con otros magistrados una especie de “Bloque paisa” y son los que han montado el bloqueo a la formula presentada por otro grupo de magistrados que si respetan el acuerdo y apoyan la fórmula  de  los nombres de Álvaro Fernando García R, de la sala civil  para la Presidencia y Jorge Luis Quiroz Alemán, de la Sala Laboral, para la Vicepresidencia.

La historia de esta “pelotera” se mantiene desde que no se ha cumplido el pacto o acuerdo de elegir a un Presidente que pertenezca a la Sala Civil, como era lo acordado. Pasan los días y las sesiones y nada, no se cumple la mayoría requerida para la elección y así está el tema del manejo de poder en la máxima Corte de Justicia del país.

Para algunos lo que está en juego no es de poca monta, de lo que se decida en la Presidencia y la Vicepresidencia, durante un año, dependerá, a su vez, el proceso de elección del Registrador Nacional del Estado Civil, del Auditor General de la República, y hasta los nombres de quienes sean los sucesores del actual Fiscal General y del actual Procurador General de la Nación. Nada más ni nada menos.  

Tanto así, que Rigoberto Echeverry  llegó a proponer en Sala dejar listas las presidencias del año entrante y hasta el 2024, lo que ha sido interpretado como una jugada de politiquería de la peor estirpe, y que ya se creían superadas en un organismo como la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que la Semana Santa sirva para que calmen los espíritus y se llegue a un pacto para respetar lo acordado y elegir, por fin, nuevo presidente y vicepresidente, en propiedad, de este organismo tan importante para la administración de justicia del país. Amanecerá y veremos dice el adagio…